Al menos tres condenas por un mismo delito al volante bastan para sentenciar con pena de cárcel. Más de 600 conductores se sientan en el banquillo cada mes en los juzgados gallegos por haber cometido alguna infracción penal en carretera, el 95% de ellos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Los jueces resuelven la práctica totalidad de los delitos de tráfico juzgados a diario en los tribunales gallegos con una multa o una condena a al menos 32 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. Los ingresos en prisión son la excepción. En la actualidad, un total de 101 conductores cumplen condena en alguno de los cinco centros penitenciarios de la comunidad por delitos contra la seguridad vial. "Es una cifra muy pequeña; si se tiene en cuenta el número de internos y que en 2014 se dictaron más de 6.100 sentencias, el porcentaje (de los conductores condenados a prisión) es de casi el 2%", destaca el fiscal delegado de Seguridad Vial en Galicia, Carlos Gil.

La pena a la que se suelen enfrentar los automovilistas condenados a prisión -bien por ser un infractor multirreincidente o por haber causado una muerte con su conducción- va de los seis a los nueve meses. Además del ingreso en la cárcel también se enfrentan a la retirada del permiso de conducir por un tiempo superior a los dos años y seis meses, lo que implica la pérdida de vigencia del carné y la obligación de volver a examinarse. Son varones que acumulan tres o más infracciones graves al volante, la mayoría de mediana edad, pero también están entre rejas por este tipo de delitos menores de 35 años.

La condena a prisión en los delitos de tráfico es el último recurso al que acuden jueces y fiscales. Antes, aplican penas alternativas como la multa o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Al menos el 70% de los automovilistas condenados en la comunidad gallega se enfrentan al pago de una multa de ocho a 24 meses, con una cuantía que se fija en función de la nómina del infractor y que puede ir de los dos euros diarios a los 30. Salvo contados casos que acaban con el ingreso en la cárcel, tres de cada diez condenados por delinquir al volante acaban realizando trabajos comunitarios entre 31 y 48 días.

Bajo la premisa de que hay que quitar el arma con la que se delinque -el en caso de los delitos de tráfico, el coche- la judicatura impulsó en los últimos años la retirada del vehículo a los conductores temerarios y también a los que acumulan varias infracciones por alcoholemias y velocidad o por conducir sin carné. En 2007, la Fiscalía de A Coruña dictó la primera condena de decomiso de vehículo en España. Desde entonces, la medida se ha extendido al resto del territorio. En la actualidad en Galicia los jueces dictan una media siete decomisos de vehículos cada mes.

Por otra parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) iniciará hoy una campaña de control de velocidad en carreteras convencionales y vías urbanas de la comunidad.