"Estamos ante una película que se titula Coge el dinero y vuela", proclamó la fiscal Pilar Melero en su alegato final del juicio que desde el pasado 8 de junio se celebró en la Audiencia Nacional por las indemnizaciones a la antigua cúpula de Novacaixagalicia. La referencia cinematográfica le jugó una mala pasada a la acusación, que resbaló en la comparación -la cinta de Woody Allen se llama 'Toma el dinero y corre'- y despejó el camino de los símbolos para el contraataque de las defensas. "Si esto es una película, el Banco de España estaba en primera final", le recordó Carlos Saiz, abogado de Julio Fernández Gayoso. "No está en primera fila, es el productor ejecutivo", remató Alberto Rodríguez Mourullo, el letrado de José Luis Pego.
El papel del supervisor marcó, sin duda, el proceso. Y pese a los ciertos matices que intentaron colar, los testigos vinculados al organismo admitieron ante el juez Alfonso Guevara que conocían los contratos, que fueron sometidos a inspección y que el departamento jurídico concluyó que los pagos eran legales. Pero de esas intervenciones ni de la mayoría de las más de 40 declaraciones que acumuló el juicio apenas hay rastro en las conclusiones definitivas de la Fiscalía, que deja de lado incluso la confirmación de José María Castellano de que la salida de los directivos fue involuntaria para mantener su acusación de un pacto preconcebido para mejorar sus condiciones antes incluso de la fusión.
De ahí que las defensas hablen de "errores y omisiones" por parte de las fiscales, de "falta de rigor" y de una acusación "forzada y extravagante". "Para su formulación, no hacía falta juicio", se quejó la defensa de Pego, que sigue entre los imputados, junto con Gayoso, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y el asesor externo Ricardo Paradas, por un posible delito de estafa o, alternativamente, de administración desleal y apropiación indebida ante unos conceptos retributivos que, paradójicamente, se dan por buenos en la liquidación de Javier García de Paredes, para el que las fiscales solicitan la absolución y que retenga sus 5,7 millones.
La supuesta "imprudencia" y "las 800 oficinas" de... ¿Caixanova?
La cúpula de la caja fusionada recibió el 9 de diciembre de 2010, ocho días después de nacer, el informe sobre la dramática situación que arrastraba Caixa Galicia. Tanto la acusación pública como las defensas se refirieron a él en varias ocasiones e incluso fue una de las patatas calientes de la declaración de Pedro González, jefe de supervisión del área de cajas del Banco de España. Por qué el organismo tardó seis meses en remitir la radiografía de la entidad coruñesa, con un déficit de provisiones de 805 millones, a los gestores de Caixanova. González no quiso darle importancia al retraso, aunque confesó abiertamente que el Banco de España no quería la fusión "por las debilidades sustantivas de Caixa Galicia", que "tenía imposible" cumplir con la reestructuración a la que se le había obligado ya en 2008 y 2009. Aún así, para sorpresa de todos, la fiscal Pilar Melero arrancó su alegato final achacando "la imprudencia" y la "expansión agresiva" con "800 oficinas" a... Caixanova.
La alternativa "más lógica" de la entidad viguesa. ¿Por qué?
Alberto Rodríguez Mourullo, abogado de José Luis Pego, recordó a las fiscales el evidente tropiezo que estaban cometiendo y que en la causa obra también el informe del Banco de España respecto a Caixanova. Tomos 12 y 13. Incluso en la mayor cantidad de provisiones necesarias que podrían darse en un escenario estresado, "no afectarían gravemente a la solvencia. "No presenta tensiones de liquidez a corto y medio plazo", subraya el documento, con una dirección "colegiada y concienciada" de "la problemática surgida tras el auge crediticio de los últimos años", "sin que sea preciso cambios en el equipo gestor actual". "En nuestra opinión, la caja podría sobrevivir por sí sola -añade- aunque con dificultades y esfuerzos".
Por eso la otra gran confirmación del jefe de supervisión en el juicio sobre la historia de la fatídica fusión fue que Caixanova tenía una alternativa "más lógica" de futuro.
¿Un pacto preconcebido "a mediados de 2010"?
Fue la premisa de Anticorrupción para la querella y en ella insistieron las fiscales en su escrito de conclusiones. Que Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán "mejoraron" sus condiciones laborales porque pensaban ya en marcharse antes de la integración. Una teoría que colisiona con la historia de la propia fusión. Los testigos del Banco de España confirmaron la orden expresa de sus superiores para que los directivos de la caja viable, Caixanova, lideraran la operación y su "confianza" en que seguirían después de la conversión en banco.
Lo dijeron de forma reiterada los acusados. Que querían seguir. Y directamente el que tenía la responsabilidad para que así fuera, el expresidente de NCG. "Los inversores pidieron cambios en el equipo gestor y en el consejo", aseguró José María Castellano en la Audiencia Nacional, donde relató cómo abrió la puerta de salida a Pego y a De Paredes, este último tras "un desencuentro" con el consejero delegado, César González-Bueno, que también rubricó la historia. Por eso el abogado de Pego habla de "un despido encubierto".
La idea de las fiscales choca además con otras dos certezas que el juicio sacó a la luz: si los acusados de verdad se querían ir y embolsarse liquidaciones más elevadas, podrían haberlo hecho antes -con la modificación de la ley de cajas en enero de 2010 por parte del PP y el BNG y en la fusión, ambas causas de desestimiento de los contratos- y habrían cobrado más.
¿Por qué entonces en agosto de 2011 se aprueba la dotación de los contratos?
A la comisión de retribuciones del 4 de agosto de 2011 y al consejo de administración celebrado veinte días después llega la propuesta para que la entidad reserve la cantidad que podría costar la marcha de los cuatro directivos. Todos los miembros de la comisión de retribuciones admitieron que en su reunión se habló abiertamente "de unos 28 millones de euros". Ellos también formaban parte del consejo de administración. Entre el resto de vocales, una parte asegura que también en el principal órgano de decisión se mencionó esa cantidad. Otros lo negaron.
Las fiscales se quedan con la segunda versión y califican como "cartas de desestimiento" las misivas remitidas a la comisión y el consejo, en las que los directivos recuerdan que la transformación de la entidad en un banco les posibilita su salida. Es una prueba, según la acusación, de su voluntad de marcharse, pese a que esto vuelva a darse de bruces con su propia hipótesis de que querían abandonar en 2010.
Los directivos, en cambio, esgrimen que "ni son cartas, ni están firmadas, ni querían irse". Lo que se envió, apuntan, cumplía con el trámite necesario para hacer la dotación ante "la incertidumbre sobre su futuro". A finales de agosto no existía un organigrama que garantizara su puesto y, por tanto, la entidad "se enfrentaba a una contingencia". Por su intención de seguir en NCG, desde Novacaixagalicia habían planteado al Banco de España la opción de evitar el desembolso para la provisión a cambio de la contratación de un aval.
Los testigos del Banco de España respaldaron a los acusados. "No eran cartas de desestimiento", dijo Pedro González. Ninguno de los miembros de la comisión de retribuciones y el consejo de administración lo pensó tampoco. Todos creían que iban a seguir.
Primer supuesto cambio de los contratos, ¿les correspondía la consolidación de la parte fija de la retribución por resultados?
Las fiscales afirman que no, que es uno de los conceptos por los que tienen que devolver las liquidaciones porque los directivos "se quisieron prejubilar con las condiciones del ERE de la plantilla". "Ustedes confunden ERE con pacto laboral", reprocharon los abogados a la acusación. El expediente de regulación que facilitó la salida a los 1.200 trabajadores de mayor edad de la entidad tras la fusión es solo una de los medidas amparadas por el acuerdo previo entre las entidades y los sindicatos. Como la decisión de homologar los salarios, más bajos en Caixanova. Por eso se consolidó la parte fija de la retribución por resultados "a todo el personal" de la entidad viguesa.
Los peritos solicitados por la fiscal no se pusieron de acuerdo en este extremo. En sus análisis no incluyeron el último párrafo de una de las cláusulas de los contratos de alta dirección de los imputados con origen en Caixanova, de 1999 y 2005, donde aparece expresamente que le son de aplicación los pactos laborales y las partidas retributivas a contar para la pensión.
"A lo mejor lo debería haber incluido. En su momento no lo consideré relevante. A lo mejor lo era", descubrió en el juicio el experto designado por el Banco de España para analizar los contratos. Una "omisión" que es "sorprendente", en opinión de Rodríguez Mourullo, y que si se hubiera incluido en los informes periciales "no se hubiera dicho lo que se dijo".
Derecho de viudedad, ¿nuevo o no?
"Un derecho nuevo", sostienen Melero y su compañera Concepción Nicolás. Lo "más impresionante" de toda la acusación, según las defensas. De nuevo aquí los peritos no se pusieron todos de acuerdo. Aunque las diferencias entre ellos no fueron tan sustanciales. De hecho, la experta de la Dirección General de Seguros, solicitada como la mayoría de testigos por las fiscales, declaró que la viudedad les correspondía por convenio.
El único que marcó las distancias fue el perito del Banco de España, al que le recordaron el resto de expertos de parte de las defensas y los propios abogados que, además del convenio, el derecho venía registrado en las pólizas de seguro que se remontan a 2002. "No las miré", confesó. "Pese a que no las miró, dijo que ese derecho no existía antes de 2010 y se quedó tan tranquilo", protestaron los abogados.
El derecho "de veto" en las pólizas, ¿tiene repercusión?
Las fiscales lo presentan como "una mejora". Otra vez los peritos coincidieron en que la obligación de la entidad de hablar con los directivos afectados en caso de querer alterar la póliza que cubre su pensión "no tiene ningún efecto económico". "Como respondió también Abanca", remarcó el abogado de Rodríguez Estrada y Gorriarán.
¿La indemnización debía ajustarse a dos anualidades?
En el cálculo de las liquidaciones, la Fiscalía considera que a Novacaixagalicia había que aplicarle las recomendaciones europeas sobre políticas retributivas recogidas en la normativa del FROB. La indemnización, apuntan, no debería superar dos anualidades. "Como ocurrió después con José María Castellano -quiso comparar Pilar Melero-, que cobraba además 200.000 euros".
El resbalón de la comparación fue notorio y las defensas se lo volvieron a echar en cara. Porque el presidente de NCG entró en el banco con un sueldo fijo de 800.000 euros, 400.000 de variable y un bonus de 400.000 euros más si conseguían atraer inversores. Ni con la limitación que meses después impulsó por norma el Ministerio de Economía el sueldo bajó a esa cuantía que sacó la fiscal. La nómina de Castellano quedó fijada en 300.000 euros.
Con Castellano en el timón, el FROB en el accionariado y tres consejeros nombrados por el organismo público a modo de tutores se reabrió el ERE de las prejubilaciones y se preparó uno nuevo. En ambos casos, sin limitaciones, como destacaron las defensas de los imputados, a recibir únicamente dos anualidades.
De hecho, todos los informes jurídicos aportados al juicio, también el encargado por el FROB al bufete Sagardoy y el del Banco de España, reflejan que los requerimientos normativos a los que se aferran las fiscales no repercutían en los contratos antiguos de los altos cargos. Que si había uno afectado era el de Javier García de Paredes, el único nuevo y firmado con posterioridad a la entrega de los 1.183 millones en participaciones preferentes del FROB.
Si se incumplieron limitaciones salariales, ¿por que FROB no penalizó a la entidad?
Sobre esto, la justificación vino de una de las acusaciones personadas, la de el FROB a través de Abanca. Su letrado, fiscal de Anticorrupción en excedencia, Javier Sánchez Junco, sostuvo que no tenía sentido que el organismo se sancionase" a sí mismo" con un incremento de 200 puntos sobre el coste de devolución de las preferentes de la primera ayuda pública. El abogado no tuvo en cuenta que la multa podría haberse aplicado en caso de irregularidad a la caja y reducirle la participación que le quedaba en el banco. Ni tampoco que sí hubo una penalización posterior, con el FROB ya de socio. NCG solicitó un año de prórroga en la amortización de ese primer préstamo y el organismo fijó un alza de 100 puntos sobre las cuotas.
La ocultación al Banco de España, ¿es sostenible?
El otro pilar de la acusación. Las supuestas artimañas de los directivos de espaldas al supervisor. Lo que no impidió a las fiscales, sin embargo, reprocharles a la vez "una ultratransparencia de cara al Banco de España" porque así los acusados "se guardaban las espaldas". "No se puede acusar de una cosa y la contraria", le reprendieron las defensas.
¿Y qué dijo el aludido? El relato de Pedro González dejó pocas dudas de que, pese a algunas lagunas de memoria, el Banco de España estaba al tanto. Al menos desde octubre de 2010, cuando Caixanova le remitió -los correos obran en la causa- información sobre el pacto laboral y la adaptación de los contratos de alta dirección. Sin olvidar que las condiciones de los directivos son tarea obligatoria de los inspectores en sus visitas cada año. Luego González quiso matizar que "una cosa era saber y otra conocer". Pero a donde no llegaron sus palabras lo hizo el informe de la inspección abierta a principios de 2011 para los contratos. Lo que en sí mismo demuestra hasta qué punto tenían constancia de la situación.
Los abogados de las defensas remarcaron las conclusiones del informe final de esa inspección dada su rotundidad: "Resulta difícil sostener que podía haber dejado [la entidad] de abonar a los directivos en cuestión las cantidades pactadas para el caso de prejubilación" y "no concurren elementos suficientes que justifiquen la incoación de un expediente disciplinario".
José Luis Pego reveló que tras la última reunión con la cúpula del Banco de España, dos días antes de que Castellano le pidiese que se fuera, Pedro González le llamó para recomendarle que fuera "egoísta" y se prejubilara en la caja. El aludido asumió la llamada, pero asegura que pudo ser "malinterpretado".
Domingo González Mera, que fue director de Planificación Financiera, aportó el último eslabón de la cadena en el grado de conocimiento del Banco de España. Antes del pago a los cuatro directivos en las dos tandas en los que se realizaron -porque De Paredes se fue unos días después- se consultó con el supervisor "y no puso ningún reparo".
Consejeros que sí, consejeros que no, ¿realmente se engañó a los órganos de gobierno?
El relato de las fiscales esboza la presunta "utilización" de la comisión de retribuciones y el consejo de administración para los planes de los directivos en base, sobre todo, a la declaración de uno de sus vocales, José Luis Regueiro. El representante de CCOO fue el único que dijo no haber recibido el orden del día del primer consejo de Novacaixagalicia, el que ratificó los contratos, y que se negó información sobre ellos. Pese a que Pego y De Paredes aseguraron que se los habían ofrecido, copia en mano, y que Francisco Serna, secretario general de la entidad, declaró que el propio Regueiro le reconoció que ese ofrecimiento había existido y que rehusó verlos.
Carlos Saiz, defensa de Julio Fernández Gayoso, recordó que los contratos pasaron por cinco consejos, 10 comisiones de retribuciones y, "al menos", tres comisiones de control. Las actas están firmadas. "Los acuerdos nunca fueron discutidos, ni impugnados", reiteró. "Es paradójico -continuó- que entre octubre de 2010 y septiembre de 2011 ningún consejero pidiese en secretaria ni a presidencia documentos, que además están elevados a público". Algo que los consejeros, en la ronda de declaraciones en la Audiencia Nacional, admitieron. Sin que ninguno cuestionara la legalidad. Las reticencias apuntaron en su totalidad a "la alarma social". Una delicada cuestión, la moralidad, que, como las fiscales señalaron en el inicio de su alegato, "no se está juzgando".
Si García de Paredes puede quedarse con su liquidación al completo, ¿es posible acusar al resto por los mismo conceptos que a él sí se le permiten?
Las fiscales desvinculan al ex director adjunto del engaño, dan por hecho que solo él quería devolver parte -Castellano y González-Bueno incluyeron a Pego en el preacuerdo logrado- y retiran su liquidación de las cantidades a devolver. Lo que supone un aval a lo cobrado por De Paredes y los conceptos que integran la cantidad: 5,7 millones de euros. Ya solo por la petición de absolución para él, la acusación para el resto parece diluirse. El De Paredes fue el único contrato nuevo y el único también que se liquidó en el banco, "sin pasar por el consejo ni comisión de retribuciones". "Que no se nos reproche a nosotros -advirtió el abogado de Pego- lo que no se reprocha a otros". Para muestra, la limitación de las dos anualidades o la aplicación de una tasa de descuento, que la Fiscalía considera obligatorias y que sirven de base para su acusación al resto. La liquidación de Pego, que ellas respetan para el final de su película, tampoco las tuvo en cuenta.
