La juez Pilar de Lara imputa al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y contra la ordenación del teritorio. El caso se remonta a 2005, en la etapa de Besteiro como edil de Urbanismo en Lugo por la aprobación de una urbanización junto a la principal zona verde de la capital lucense. La obra que está paralizada lleva judicializada diez años y es una de las mayores polémicas urbanísticas de la ciudad.
Besteiro, que renunció a optar de nuevo a la presidencia de la Diputación de Lugo y aspira a ser el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, deberá declarar como imputado el 30 de julio.
El líder de los socialistas gallegos recibe la noticia de su imputación una semana después del varapalo de ver como su partido perdía la Diputación de Lugo por el voto 'rebelde' de un alcalde socialista.
El mismo día que Besteiro comparecerá ante Pilar de Lara también tiene cita con la magistrada lista el exregidor de Lugo Xosé Clemente López Orozco, investigado por supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y contra la ordenación del territorio. Además están imputados el arquitecto municipal cuando se dio luz verde a la construcción, la jefa del Departamento de Licencias y un funcionario del Departamento de Arquitectura del Concello de Lugo. La mujer de Besteiro declarará en calidad de testigo.
Pilar de Lara, conocida como la juez de la Pokemon y que tiene bajo sus manos la instrucción de la operación Pulpo, que pone bajo el foco a la Diputación de Lugo, investiga que pasó en las obras de O Garañón. En autos anteriores del caso ya había advertido de "indicios serios y contundentes" de delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos. El PP de Lugo ya confiaba en septiembre de 2013 que Besteiro y Orozco serían imputados por la polémica obra. Tuvo que esperar dos años por la decisión de la juez.
En 2005, el concello de Lugo daba luz verde al convenio del Garañón, donde un constructor ourensano planeaba construir seis torres de viviendas al lado del parque de Rosalía de Castro, el pulmón verde de la ciudad. El 31 de diciembre de ese mismo año, la junta de Gobierno del consistorio aprobaba el proyecto. El convenio, y ahí está la polémica, garantizaba supuestamente al constructor que de no ser posible la ejecución de la licencia, sería indemnizado, incluso con el lucro cesante. Un día después, entraba en vigor la reforma de la Ley del Suelo, que imponía reducir la edificabilidad de la parcela.
La demanda de una asociación vecinal logró en 2009 que la Justicia anulase el proyecto de urbanización. Un año después Pilar de Lara paralizaba las obras en tres torres que estaban comenzadas. Sostuvo que el convenio y el proyecto de licencia "incumplen de forma manifiesta la normativa legal y reglamentaria vigente en materia de urbanismo". Añadía: "Parece haber existido alguna clase de connivencia entre los representantes municipales, encargados precisamente de proteger el suelo público, y una promotora particular para beneficiar injustamente a dicho promotor".
El empresario demandó al Concello y le reclamó 25,8 millones de euros en concepto de indemnización y acogiéndose al convenio.
