El salto de José María Castellano a la presidencia del banco que absorbió el negocio de las antiguas cajas provocó la salida de los directivos a los que se juzga por sus millonarias liquidaciones. A él se recurrió por su compromiso de recapitalizar la entidad de mano de fondos internacionales con los que ya "estaba hablando" en junio de 2011, después de que el consejo de administración de Novacaixa abriera la puerta a su nombramiento y tres meses antes del nacimiento de NCG, cuando el relevo se hizo efectivo. "Los inversores pidieron cambios en el equipo gestor y en el consejo", aseguró ayer en la Audiencia Nacional. La declaración de Castellano avaló las explicaciones que los imputados dieron sobre el motivo de su marcha, obligada; y que contrasta con la permanencia de la mayoría de los altos cargos tras la bancarización, incluido Javier García de Paredes, el único al que Castellano liquidó directamente. Las conclusiones de los dos informes elaborados por el asesor externo, Ricardo Pradas -que se sienta en el banquillo como "cooperador necesario"- y el encargado "con el FROB" al despacho Sagardoy "tienen las mismas conclusiones". "No tengo duda sobre la legalidad de los contratos, eran legales y había que pagarlos", sostuvo Castellano, que considera "incuestionable" esa legalidad, aunque en su opinión las indemnizaciones no eran "oportunas" ni éticas.
Pese a que durante todos esos meses desde el entorno del banco se hablaba de que el fondo interesado en entrar era Elliot -el nombre que el propio expresidente de NCG trasladó a los acusados para justificar que debían irse-, Castellano mencionó ayer a Wilbur Ross y Guggenheim como ejemplos de "los seis" inversores con los que negociaba. Ninguno dio el paso. Según el directivo, por la negativa a blindarles de las pérdidas y porque los decretos impulsados por el ministro De Guindos para la cobertura del ladrillo en el sector les ahuyentó. Castellano reveló que los fondos sabían desde ese mismo mes de junio de 2011 que la entidad "necesitaba ajustes por 7.000 millones de euros". Nada que ver con la información que recibieron entonces los empresarios gallegos que sí compraron participaciones en diciembre de ese mismo año, según reprochan en sus demandas contra el FROB por el dinero perdido.
Si los fondos no querían a los directivos, "¿por qué tardó tres meses en comunicárselo", le preguntaron. No respondió. "Se lo dije al Banco de España el día 9 de septiembre de 2011", se limitó a señalar. Más adelante, en cambio, Castellano explicó que el 7 de septiembre transmitió al supervisor que su consejero delegado sería César González-Bueno.
No fueron las únicas afirmaciones llamativas del que fue número dos de Inditex. Aunque la valoración de Novacaixa antes de la segregación al banco salió de la media de tres estudios independientes y al precio se aplicó un descuento del 85%, Castellano insistió en su turno como testigo que el valor vino de la diferencia entre los activos y los pasivos del balance una vez saneadas las pérdidas "reales". "La caja no superó los test de estrés de julio de 2011", llegó a decir. Al contrario: los aprobó con un excedente de 188 millones de capital. Pero, en su opinión, el banco se habría "hundido" sin el manguerazo de los 5.400 millones públicos del rescate europeo. "Fue la única nacionalizada que se vendió con ganancias a unos venezolanos", dijo. "No quiero quitar méritos a los gestores -indicó-. Pero Abanca está consiguiendo resultados porque libera dotaciones que hicimos nosotros".
Castellano ratificó que la causa de la salida de García de Paredes, ya desde el banco, fue "un desencuentro" con el entonces consejero delegado, César González-Bueno. "¿No considera que como accionista el FROB debería haber estado informado del desestimiento?", le preguntaron. "Sí estaba, en el consejo de administración del 17 de septiembre de 2011", respondió. Ese día no hubo ninguna cumbre del órgano de decisión de NCG. Fue el 14, sin que en el acta, que consta en la causa, lo recoja. Además, los representantes del FROB todavía no estaban nombrados.
Por "alarma social" y el impacto "reputacional" que despertó la publicación de las liquidaciones, Castellano asegura que optó por intentar un acuerdo "con los directivos". El expresidente se arrogó personalmente el trato con ellos y la primera reunión a solas con José Luis Pego. En la causa, sin embargo, hay una cadena de mails que prueban que las conversaciones del ex director general con FROB y Banco de España y que en eso encuentro inicial, en A Coruña, estaban los tres consejeros del FROB. Hubo una segunda, en Vigo, "muy dura, de cinco o seis horas". El preacuerdo con Pego y De Paredes no llegó a fraguarse por la apertura del caso en la Audiencia Nacional. Castellano reconoció además que él no era partidario de la demanda laboral interpuesta contra los acusados. Que fue una idea del FROB.
Antes que Castellano, ante el tribunal pasaron los miembros de la comisión de control que faltaban desde las sesiones anteriores del juicio. Todos señalaron que al conocerse las liquidaciones pidieron al consejo que las anulara si era posible y que pudieron acceder tanto a los informes de Pradas, como al de Sagardoy, que el banco les remitió en enero de 2012. "¿Por qué lo pidieron?", inquirió el juez Alfonso Guevara a la presidenta de la comisión, María Jesús Freire. "¿Dudaban de la legalidad o de la oportunidad?", añadió. "De la oportunidad", contestó Freire.
El Banco de España ratifica ante el juez que era "imposible" que Caixa Galicia se reestructurase sola
- Los 15 minutos que se prolongó la intervención de Pedro González, uno de los responsables del Banco de España más cercano a todo lo ocurrido con las cajas gallegas, hasta la suspensión de la vista ayer fueron un buen aperitivo del resto de lo que puede contar hoy, a la altura de las expectativas creadas en lo que va de juicio. Porque el suyo, como encargado del área de inspección de la que dependía Novacaixagalicia, es uno de los nombres más referidos por parte de los directivos. El que sabe los todavía muchos secretos que guarda el proceso."Yo no realizo las inspecciones", avanzó al comienzo de su intervención para definir sus funciones. Pese a asegurar que en estos últimos días estuvo repasando las actas del departamento relacionadas con las entidades de ahorro gallegas, González no recordaba la cifra concreta del déficit de provisiones, 805 millones de euros, en Caixa Galicia que se comunicó a la cúpula de Novacaixagalicia pocos días después de nacer. Sí recordaba que la entidad coruñesa tenía "desequilibrios" que debía corregir "en un proceso de reestructuración"."En 2008 y 2009 Caixa Galicia nos envió un plan de reestructuración que era imposible que cumpliera en solitario", explicó. Caixanova, dijo, necesitaba también "una reestructuración" por el peso del sector inmobiliario. Su situación "era mejor que la de Caixa Galicia". Pedro González no desveló lo que necesitaría Caixanova en concreto. El informe de supervisión sobre la entidad viguesa que él mismo firmó y se elevó a la comisión ejecutiva del Banco de España en julio de 2009 -uno de los muchos documentos del supervisor que están en la causa- detalla expresamente que con las previsiones de empeoramiento económico que el Banco de España estableció para 2009 y 2010, la caja viguesa era "solvente en solitario"."El Banco de España analiza la situación de las entidades, no fuerza fusiones", excusó. González esgrimió el listado de condiciones con las que se fraguó el matrimonio, apoyado con 1.100 millones del FROB1. Entre ellas, "la venta de red". El alto cargo del Banco de España no desveló, al menos de momento, que se trataba de las oficinas foráneas de Caixa Galicia, aunque sí destacó que sin esa operación "era difícil sobrevivir". "Sí, pedimos que la nueva entidad estuviera a cargo de los directivos de Caixanova, aunque eso no se plasmara por escrito", confirmó. Sobre los contratos, solo hubo tiempo para un anticipo: "Una cosa es saber de ellos -dijo- y otra conocerlos".La diferente situación de las dos cajas gallegas antes de la fusión quedó patente también con la declaración de uno de los miembros de la comisión de control. Manuel García Lameiro, procedente de la entidad coruñesa y del sindicato CCOO. "La situación de Caixa Galicia era mala. No teníamos -ilustró- ni para bolígrafos".
Un acuerdo mayor de lo anunciado
- Las pruebas por escrito del juicio están plagadas de rectificaciones a lo contado hasta ahora oficialmente. Como los correos intercambiados entre NCG, los directivos y una agencia de comunicación que revelan que había un preacuerdo de devolución no solo con Javier García de Paredes. También con Pego. Éstas son las notas de comunicación que se barajaron y fueron intercambiándose para el anuncio que se truncó por la apertura de las diligencias judiciales.
