En el arranque de su interrogatorio al representante de la Xunta en la comisión de control de Novacaixagalicia, las fiscales que llevan la acusación pública en el juicio por las prejubilaciones de la antigua cúpula le preguntaron si era conselleiro del Gobierno gallego. Joaquín Caballero se apuró a negarlo. Él fue uno de los que una vez conocidas las salidas de los exdirectivos, en octubre de 2011, preguntó al consejo de administración sobre la posibilidad de "revocar" la decisión. "Si procedía", como recoge el acta de la reunión que obra en la causa. De la mano de los informes jurídicos que se encargaron, el máximo órgano de decisión, como luego refrendó también el banco heredero de las cajas y también el supervisor, confirmó la legalidad. Por eso, aseguraba ayer Caballero en la Audiencia Nacional, no hizo nada. "¿Impugnó algo alguna vez?", inquirieron las defensas de los seis imputados. Ante el juez Alfonso Guevara admitió que nunca.

Porque tampoco "nunca", según asumió, vio algo extraño en la entidad. Joaquín Caballero reveló, no solo que la comisión de control tenía acceso a las actas, sino que "las leía". Desde la primera, la del consejo de administración del 1 de diciembre de 2010, cuando nació la caja fusionada. En ninguna apreció "ninguna ilegalidad". Lo que supuso el reconocimiento, por tanto, del contenido de las reuniones en las que se ratificaron los contratos de alta dirección que venían de Caixanova, el nuevo de Javier García de Paredes -que le pareció "correcto"- y las sesiones sobre la necesidad de hacer la dotación de los 28 millones de euros por el derecho al desestimiento que originaba la transformación en NCG.

Caballero aseguró que nada más enterarse de las liquidaciones lo comunicó al que fue director xeral de Política Financieira, Manuel Galdo, uno de los principales artífices de la fusión. Que desde la Xunta se remitió una carta al Banco de España porque era "su competencia", pese a que el supervisor asegura que el Gobierno gallego también tenía responsabilidades. Al miembro de la comisión de control no le extrañó que José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán se tuvieran que ir "porque había un nuevo proyecto" y contó que fue el propio ex director general el que le comunicó que el recién elegido presidente, José María Castellano, no contaba con él.

Alejandro Virgos, miembro también de la comisión de control, refrendó la disponibilidad a las actas y que sus integrantes estaban al día de lo que ocurría en Novacaixagalicia. Sin que él tampoco encontrara alguna ilegalidad en las decisiones. Una idea compartida con el que fue vicepresidente, Ramón Álvarez Novoa, que defendió que la información que se suministraba era suficiente y a él todo le pareció "claro". "Sin ninguna duda", insistió.

Todo lo firmado, según Xose Lois Veiga Lage, se mantiene. El exconsejero apuntó, en línea con otros vocales, que en el consejo que se ratificaron los contratos de alta dirección -"Nos dijeron que las actualizaciones no suponían cambios económicos", destacó- iban los famosos tres anexos con las condiciones laborales. Entonces no los vio. Luego, en agosto de 2011, fue uno de los que votó en contra de los desestimientos. Algo que no hizo con la liquidación anterior en Caixanova de Ángel López Corona, en julio de 2009. Lo hizo, dijo, "por intuición". No explicó más.

El juicio por las indemnizaciones a los directivos se reanudará el próximo 29 de junio. Para sorpresa de todos, las fiscales renunciaron al testimonio de Martín Godino, el asesor externo del pacto laboral y encargado por el FROB del informe que respaldó los contratos. Tampoco declarará Enrique Tellado, que salió de NCG por discrepancias con el consejero delegado, César González-Bueno.