Nivel de ingresos, situación familiar, menores o dependientes al cargo... Hacienda tendrá que decidir en las próximas semanas qué requisitos tendrá en cuenta para dejar exentas en la declaración de la renta las ayudas y subvenciones otorgadas por las administraciones locales -ayuntamientos y diputaciones- a las familias con rentas reducidas y en situación de especial necesidad. Al menos 12.000 gallegos se beneficiarán de las exenciones que sopesa aplicar Hacienda a las prestaciones públicas dirigidas a los colectivos más desfavorecidos. Una decisión que hizo pública el viernes a través de un escueto comunicado a raíz de la a polémica generada durante los últimos días por una orden ministerial de finales del año pasado por la que se obliga a los contribuyentes a declarar todas las ayudas y subvenciones públicas recibidas, ya que hasta ahora afectada solo a ayudas superiores a 3.000 euros.

Solo el año pasado, un total de 11.948 personas recibieron en Galicia la llamada Renta de Integración Social -Risga-, una prestación social de unos 400 euros mensuales destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia. Por provincias, Pontevedra registró el mayor número de beneficiarios con 5.466, seguida de los 3.144 de A Coruña, los 1.873 de Ourense y los 1.465 de Lugo. Este tipo de ayudas, que la nueva legislación permite compatibilizar durante un periodo con un puesto de trabajo siempre que entre ambos no se superen alrededor de los 900 euros, constituyen un termómetro de las consecuencias de la crisis sobre la población.

Hasta ahora, ningún ciudadano con unos ingresos inferiores a los 22.000 euros al año de un solo pagador tenía la obligación la hacer declaración de la renta, salvo que recibiese una ayuda pública por encima de los 3.000 euros. Pero el Ministerio de Hacienda ha eliminado este tope obligando a tributar por cualquier subvención, sea la cantidad que sea. La lista de ayudas por las que hay que rendir cuentas al fisco es variopinta, desde aquellas dirigidas a la compra de un nuevo vehículo (plan PIVE), hasta prestaciones dirigidas a familias con rentas bajas para pagar recibos de luz, agua, gas, el alquiler de la vivienda o los gastos de la cesta de la compra.

Muchos de los beneficiarios de todas estas ayudas públicas ya estaban controlados por la Agencia Tributaria porque disponía de sus datos personales. Sin embargo, las administraciones públicas no tenían la obligación de comunicar los nombres de quienes recibían estas subvenciones a Hacienda. Pero a finales del año pasado, el departamento que dirige Cristóbal Montoro aprobó una orden para cambiar eso y ahora sí tienen que comunicarle quiénes son los receptores de cada una de las ayudas que conceden las administraciones -en el caso de Galicia, la Xunta, los concellos y las diputaciones-.

Este cambio normativo ha sorprendido a miles de gallegos porque para la campaña de la renta de este año tienen que incluir como "ganancia de patrimonio" o como "rendimientos de trabajo" ayudas públicas por las que hasta ahora no tributaban. La mayoría de ayudas no exentas del IRPF afectan a ciudadanos con rentas inferiores a 17.000 euros al año. Este tipo de ayudas, promovidas por Xunta y concellos, han ido en aumento desde el inicio de la crisis.