El primer paso lo dio Hacienda con el colectivo de emigrantes retornados que perciben una pensión del extranjero. Ahora sopesa hacer algo similar con los ciudadanos con rentas reducidas y en situación de especial necesidad que reciban ayudas o subvenciones de las administraciones locales -ayuntamientos y diputaciones-. Las protestas de los retornados multados por la Agencia Tributaria por no declarar las prestaciones recibidas del extranjero, bien por desconocimiento o bien por haber sido informados de manera errónea en las propias delegaciones de Hacienda, forzaron la apertura de un proceso de regularización para que los afectados que no habían declarado sus prestaciones de otros países lo hieran y al mismo tiempo que la Agencia Tributaria devolviera el importe de las multas a quienes ya las habían abonado. La polémica generada durante los últimos días por una orden ministerial de finales del año pasado por la que se obliga a los contribuyentes a declarar todas las ayudas y subvenciones públicas recibidas -hasta ahora afectaba solo a ayudas superiores a 3.000 euros- ha llevado a Hacienda a mover ficha.

El departamento dirigido por Cristóbal Montoro emitió ayer un escueto comunicado en el que se limita a informar de que "estudia" ampliar las exenciones que afectan a las ayudas o subvenciones "concedidas por las entidades locales" a los ciudadanos de renta reducida y en situaciones de especial necesidad así como "declarar la inembargabilidad de las mismas". Contadas cinco líneas, en las que Hacienda remite estos posibles cambios a "la reforma tributaria" ahora en trámite en el Congreso -dos reglamentos sobre la modificación el IRPF y el Impuesto de Sociedades en fase de borrador y el Ley General Tributaria-.

Ninguna referencia a los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios de esas exenciones ni al calendario de aplicación. Y, la nota es clara: las exenciones no afectarán a las ayudas concedidas por el Estado ni por las comunidades autónomas.

Ayudas para el pago de los recibos de luz, gua, gas, el alquiler, la cesta de la compra, la eficiencia energética, la compra de libros de texto, el transporte escolar, el comedor... La lista de subvenciones a declarar por debajo de los 3.000 euros es abultada. La renta de la mayoría de beneficiarios de estas ayudas públicas se quedan por debajo de los 17.000 euros.

El problema está en que un gran número de familias que hasta ahora no tenían obligación de declarar por tener unos ingresos inferiores a 22.000 euros, con la modificación de Hacienda tienen que rendir cuentas con el fisco de esta subvención pese a ser inferior a 3.000 euros. ¿La consecuencia? A muchas les sale a pagar a la Agencia Tributaria cantidades que superan la ayuda otorgada.

Un día después de que este periódicos publicase la información sobre el rastreo de las ayudas y subvenciones públicas a miles de contribuyentes con rentas bajas, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro emitió un comunicado en el que anuncia su intención de proponer un cambio normativo para ampliar en ámbito de las exenciones que afectan a ayudas públicas -en la actualidad están exentas las becas, las prestaciones a la dependencia, ayudas por gastos de enfermedad no cubiertos por el servicio de salud o mutualidad correspondiente y aquellas vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores-.