Pontevedra copa el 30% de los incendiarios detenidos pese a registrar el 17% de los fuegos

Quemas de rastrojos, colillas mal apagadas, barbacoas, pirotecnias? Son las principales causas que están detrás de los casi 19.000 incendios ocurridos en Galicia en los últimos cinco años y que redujeron a ceniza más de 94.000 hectáreas. Desde el año 2010, los agentes de la Policía Autonómica en Galicia arrestaron a casi 500 incendiarios. 2013 fue el ejercicio que registró un mayor número de detenciones por quemas en los montes gallegos: un total de 122. Pese al descenso del número de incendios en la comunidad en el último año -en más del 65%-, el balance de arrestos disminuyó en menor proporción, apenas un 40%. Aunque Ourense es la provincia gallega que concentra un mayor número de fuegos, A Coruña es la que contabiliza más arrestos. Cuatro de cada diez incendiarios detenidos son de A Coruña mientras que los fuegos declarados en la provincia apenas suponen apenas el 25% de todos los registrados en la comunidad, según datos de la Consellería de Presidencia. La situación en Pontevedra es similar: la cifra de arrestados por negligencia, quema imprudente, escape o incendio intencionado ronda el 30%, cuando los fuegos declarados el año pasado en la provincia representaron el 17% del total.

De los 74 detenidos el año pasado en Galicia por la Policía Autonómica, 32 fueron por incendios ocurridos en la provincia de A Coruña, 20 en Pontevedra, 13 en Ourense y 8 en Lugo. Salvo cinco arrestos que fueron cometidos de manera intencionada, según consta en el balance de la Consellería de Presidencia, la mayoría (el 94%) fueron por escapes de quemas o negligencias. En lo que va de año, fueron arrestados por causar algún incendio un total de 13 personas -seis en A Coruña, tres en Pontevedra, dos en Lugo y otros dos en Ourense-.

A pesar del elevado número de incendiarios arrestados en Galicia, la mayoría de los casos no se traducen en juicio alguno y menos en una sentencia condenatoria. ¿El motivo? La falta de testigos tanto por la hora como por el lugar donde suelen cometerse pero, sobre todo, la ausencia de pruebas que incriminen a los presuntos autores -las que pueda haber en el lugar de los hechos son calcinadas por las llamas- impiden que sean juzgado dos de cada tres arrestados en la comunidad. Y sentar ante un juez a un imputado por delito medioambiental no significa que vaya a ser condenado. Hasta un 30% de los incendiarios juzgados en la comunidad son absueltos. Y de las sentencias condenatorias, el porcentaje de las que suponen el ingreso en prisión es mínimo por carecer de antecedentes o porque la pena impuesta es inferior a dos años. Los condenados se limitan a hacer frente al pago de una multa; y en casos puntuales ingresan en un psiquiátrico por padecer algún trastorno mental, comportamiento antisocial o dependencia de las drogas y el alcohol.

Salvo en los casos de incendios por imprudencias -por quemas de rastrojos- que resultan sencillos ya que se resuelven con un juicio rápido; en los asuntos más complejos donde hay que ofrecer acciones a los perjudicados, la resolución suele demorarse de dos a cuatro años. Para evitar las absoluciones en el transcurso del tiempo y por la degradación de las pruebas, la Fiscalía de Medio Ambiente reclama desde hace años la dotación de más medios para la obtención de pruebas más objetivas.