La previsible aparición de nuevos actores políticos en los salones municipales, especialmente en los urbanos, tras las elecciones del día 24 no impedirá la designación de alcaldes, aunque no existan mayorías absolutas ni se alcancen pactos. No será posible, por tanto, un bloqueo como el que afecta a la comunidad de Andalucía, donde la socialista Susana Díaz no logró ayer apoyos suficientes para ser investida presidenta autonómica tras haber adelantado la cita con las urnas un año precisamente para garantizar la estabilidad.
Los ayuntamientos se rigen por una norma electoral propia diferente a la de las comunidades y la elección de regidor está blindada, a pesar del debate sobre la lista más votada impulsado por el PP, retomado ahora por el PSOE y sobre el que ayer pasó de puntillas Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, al descargar sobre Díaz la responsabilidad de no lograr formar gobierno.
En el caso andaluz, al igual que en el gallego y en la mayoría de autonomías, el Parlamento propone un candidato a presidente del Ejecutivo que debe ser apoyado por mayoría absoluta. En caso de no lograrlo, en segunda vuelta le basta con mayoría simple. Díaz habría podido ser nombrada presidenta ayer con la abstención de PP, de Ciudadanos y Podemos, o de estos e IU, pero esta decisión no llegó y el "No" sumó más papeletas que el "Sí". Por ello, se celebrará otra votación el día 14 y de continuar el bloqueo podrían convocarse elecciones autonómicas de nuevo.
Esto no sucederá en los concellos, regidos por la ley orgánica electoral de 1985. En un pleno municipal, el candidato que obtenga mayoría absoluta será proclamado alcalde, pero si ninguno alcanza la mitad más uno de los miembros del consistorio, recibirá el bastón de mando directamente el edil que encabece la lista "que haya obtenido mayor número de votos populares" en el municipio. "En caso de empate se resolverá por sorteo", añade la legislación.
Los pactos resultarán clave para poder gobernar durante el próximo mandato y para elegir regidores, pero no serán imprescindibles en este último caso. Un ejemplo ilustra las diferencias con el caso andaluz. Si hace cuatro años, Abel Caballero no hubiese recibido el apoyo del BNG, hubiese sido elegido alcalde el popular José Manuel Figueroa. Ahora, el escenario ha cambiado y la Marea ya ha anunciado que no apoyará a Caballero, pero este podría mantener el cetro de mando incluso también sin el apoyo del BNG si fuese el más votado y PP y Ciudadanos no sumasen la mitad más uno. Nadie obtendría mayoría absoluta y el bastón de mando iría a la lista más votada.
Otra cosa sería gobernar a partir de entonces. Ahí sí resultarán necesarios los pactos, si como indican los sondeos los consistorios urbanos y de villas medias incrementan el número de partidos con asiento en sus corporaciones, y decisiones como aprobar los presupuestos se convertirán ya no en un sudoku, sino en un cubo de rubik. La ruptura de bipartitos por los escándalos judiciales obligaron, por ejemplo, a prorrogar los presupuestos de Lugo los dos últimos años o los de Ourense desde 2012.
El debate sobre la legitimidad de los pactos postelectorales es un clásico en Galicia, donde el PP censuraba los bipartitos contra sus mayorías simples, aunque avaló gobiernos contra la lista más votada en Canarias en 2007 y Euskadi en 2005. A partir del día 25, probablemente gobernar requiera más complejidad que hasta ahora, pero en ningún caso una corporación se quedará sin regidor por falta de consenso.
