Los nuevos controles introducidos por la Xunta, a raíz de la operación Zeta, en los cursos de formación de parados financiados con fondos públicos han tenido mala acogida por parte de sindicatos y patronal gallega, que no dudan en objetar todas las medidas incorporadas y hasta advertir que ante el nuevo modelo de aportación de fondos públicos, más restrictivo, se corre un grave riesgo de que no se puedan impartir los cursos por resultar inviables económicamente. Las irregularidades descubiertas en la operación judicial, con epicentro en A Coruña, mostraron que empresas cobraban ayudas por dar cursos ficticios en los que no había alumnos ni siquiera instalaciones física para la clases. Se calcula que la trama de la Zeta gestionó unos 20 millones de euros y entre los imputados, además del presunto cabecilla, el coruñés Gerardo Crespo, figuran altos cargos y directivos de la Consellería de Traballo.
Esta trama de corrupción forzó a la Xunta a extremar las medias de control con mayores mecanismos de supervisión, como dispositivos de huella digital para comprobar la presencia real de los alumnos en las cursos, auditorías externas para examinar los gastos o la imposibilidad de contratar servicios externos de docencia. Y a ello se suma además la reducción de los anticipos a solo un 25% de la subvención total concedida. Contra todo esto se han rebelado las tres organizaciones sindicales mayoritarias de la comunidad (UGT, CC OO y CIG) y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en sus respectivos dictámenes contra las dos primeras convocatorias de ayudas para formación de parados, una de las cuales ya está operativa y la segunda se encuentra en fase de tramitación -entre ambas suman casi cinco millones de euros en ayudas-.
Lo primero que hacen sindicatos y patronal en los dos dictámenes es censurar lo que consideran un escaso presupuesto de ayudas públicas y que cada vez sean más restrictivos los gastos que se puedan subvencionar, estableciendo límites más bajos para el consumo eléctrico, la factura telefónica, el pago de bajas o vacaciones a los profesores contratados o el alquiler de instalaciones. Patronal y sindicatos sostienen que la Xunta va camino de un "modelo de cofinanciación" para los cursos de formación al tener que asumir más gastos las entidades prestadores de estos servicios. "A esta limitación se suma la consolidación de la reducción de los anticipos, lo que pone en grave peligro la posibilidad de impartición de acciones formativas y la viabilidad de las propias entidades beneficiarias", advierten las centrales sindicales y la CEG.
Adelantos o aval del Igape
Ante esta situación, los agentes sociales reclaman a la Xunta que les adelante el 100% de las subvenciones o, como mínimo, el 50% que establece la norma estatal, y no el 25% fijado por la Consellería de Traballo. En esta línea, también demandan que para atenuar los retrasos en las liquidaciones de las subvenciones, el Igape les conceda avales para obtener créditos en condiciones "especialmente favorables" que cubran el 100% de la cantidad subvencionable.
Otra medida para prevenir para garantizar mayor transparencia en los cursos de formación, la Xunta adjudicará los fondos por concurrencia competitiva sin establecer reserva de subvenciones para ningún colectivo -como sucedía hasta ahora en determinadas partidas-, pero sindicatos y patronal reclaman que se mantenga una "vía específica" de fondos para ellos.
Tampoco les gusta el sistema de control biométrico de alumnos propuesto por el Gobierno gallego. Se trata de un dispositivo que lee la huella digital de los participantes y permite a la Xunta comprobar a distancia quiénes asisten a clases. Para los sindicatos y la CEG se trata de un método "excesivamente costoso", por lo que plantean poder instalar un sistema que resulte más barato o al menos contar con subvenciones para ello. Además, advierten que el modelo de control establecido por la Xunta podría entrar en "colisión con los derechos reconocidos a la ciudadanía en la ley de protección de datos de carácter personal".
La obligación de contratar una auditoría externa para verificar los gastos tampoco gusta, en este caso, a los tres sindicatos mayoritarios. Sostienen que debe ser la Consellería de Traballo o el Consello de Contas quienes directamente fiscalicen las cuentas, pero no que se tenga que recurrir a un agente externo. "No se comparte la previsión de que se resuelva el control mediante auditorías privadas por encargo de la entidad beneficiaria", objetan las centrales sindicales.
La patronal, por su parte, está disconforme con la prohibición de subcontratar la docencia a un servicio externo. La Xunta obliga a que si es necesario contratar a profesores para impartir cursos de formación, estos tienen que ser trabajadores autónomos o por cuenta ajena y además la parte contratante debe aportar los comprobantes de su alta en la Seguridad Social y el cobro de la nómina. Con esto se pretende imponer más restricciones a eventuales vinculaciones entre empresas y prevenir que puedan alterar el coste de los cursos.
La CEG reclama que se pueda subcontratar a empresas externas. Argumenta que de lo contrario se estará discriminando a un sector de la docencia que además "proporciona un colchón financiero [abonando la nómina a los profesores] ante la falta de agilidad de los pagos por parte de la administración".
Además de la corrupción descubierta con la operación Zeta, el Consello de Contas también detectó en su último informe numerosas irregularidades en los gastos cursos subvencionados del año 2010 y la falta de control por parte de la Consellería de Traballo.
