El Parlamento gallego aprobó ayer, con los únicos votos del PP, la ley de empleo publico de Galicia que, entre otras consecuencias, obligará a realizar evaluaciones periódicas del rendimiento de los funcionarios, ya sean de la Xunta, los ayuntamientos, las diputaciones y las universidades. En función del resultado del examen recibirán un plus económico o podrán ser enviados a un curso de formación para mejorar su aptitudes. El grupo mayoritario no dio opción a los demás partidos y rechazó las 800 enmiendas de la oposición, que lamentó la "oportunidad perdida" para elaborar una norma legal que garantizase principios como la transparencia y la eficiencia y la lucha contra la corrupción. Mientras se discutía la ley en la Cámara, los sindicatos de funcionarios protestaban contra ella frente a la sede del Parlamento.
La diputada del PP Paula Prado reivindicó que "se está ante la ley de la recuperación económica", al asegurar que la norma restituye el poder adquisitivo de los funcionarios, incorpora nuevos derechos en el ámbito de la maternidad y la conciliación familiar y sale adelante "en un contexto de crecimiento económico" en el que, añadió, se da por terminado "el esfuerzo" que se les pidió a los empleados públicos durante la crisis.
La parlamentaria también calificó la norma de "vanguardista" y propia del "siglo XXI", puesto que, a su juicio, "permitirá modernizar y racionalizar" la administración pública y "profesionalizar" a sus trabajadores, además de favorecer "una mejor prestación de los servicios públicos".
Además de obligar a una evaluación del rendimiento, la ley recoge otras novedades, como regular un concurso-oposición para hacer funcionarios a 6.000 trabajadores laborales, eliminar el plus de altos cargos o cambiar el sistema de designación a dedo por el de concurso para nombrar a los jefes de servicio.
Refuerzo del control político
La oposición censuró esta ley. "Es una ley del PP para el PP, pero no para la ciudadanía ni para los funcionarios, pues no incluye ni una sola línea para defender a los empleados públicos que denuncien alguna irregularidad o corruptela. Se refuerza el poder político", denunció el diputado del PSOE, Xosé Sánchez Bugallo.
La viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, aseguró que la norma provocará la privatización de los servicios públicos y la precarización de las condiciones de los trabajadores. "Este texto incorpora el modelo de depredador en las relaciones laborales y va a provocar una situación de persecución y de listas negras", criticó Yolanda Díaz.
La diputada del Bloque Tereixa Paz calificó la ley como propia de la época feudal que abre la puerta de entrada para un mayor control político en la administración. "No se preserva la adecuada profesionalización de la función pública en Galicia, dado que no se define claramente la independencia que los trabajadores públicos deben tener en las instituciones", comentó.
