Marzo de 2017 se presenta como posible fecha para proclamar la independencia de Cataluña, según la "hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán" pactada por dos partidos: Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Esquerra Republicana (ERC). Si todo sale según lo pensado y diseñado por ambos grupos catalanes, proceso que no implicaría una votación directa de la ciudadanía sobre la secesión, y teniendo en cuenta las elecciones convocadas para el 27 de septiembre, en un par de años podría cambiar el mapa territorial español y, con él, el reparto de los fondos por comunidades autónomas entendido como hasta ahora. Galicia perdería entre 820 y 1.100 millones de euros en la distribución, cantidad equivalente al gasto público en Educación al año, según un estudio realizado por los expertos en Economía Santiago Lago Peñas (UVigo) y Xoaquín Fernández Leiceaga (USC). El Foro Económico de Galicia se hizo eco ayer, en el primer día de las jornadas que se celebran en A Toxa, de este informe para calcular el efecto en la comunidad gallega de una "eventual independencia de Cataluña".
Que Galicia registra en la actualidad un saldo fiscal positivo (entran más recursos de los que salen) y Cataluña un saldo fiscal negativo ( salen más recursos de los que entran) no es nuevo en el diccionario económico estatal. Lo que sí daría un enorme giro en caso de secesión son las cuentas catalanas y las del resto de comunidades autónomas, al tener que cambiar forzosamente el modelo redistributivo. Profesores del área económica de las universidades gallegas y empresarios que participan en el encuentro anual del Foro Económico coincidieron en que cabe analizar "todos los escenarios posibles" para el futuro de Galicia de modo que, llegado el momento: "no nos pille el toro"
En el conjunto del Estado la independencia de Cataluña "detraería entre 11.000 y 15.000 millones de euros". Situando la lupa en Galicia, sería un golpe equivalente según ejemplos de los asistentes al presupuesto educativo o a diez veces la financiación de la televisión pública, no obstante, los ponentes expresaron que "ningún escenario debe dar miedo porque la comunidad gallega no estará entre las más perjudicadas". Según Leiceaga supondría un "ajuste agregado de entre el 3.19% y el 4,28% del gasto público en Galicia". "Tendría un impacto limitado en las cuentas de la protección social, ya que el superávit de los catalanes es reducido en este apartado", añadió el ponente. Partiendo del cálculo de la pérdida de unos 1.000 millones, Lago puso el foco en que "no afectaría a las pensiones", si bien dejó abierta la puerta a pensar qué pasará con el flujo comercial por un posible efecto frontera y con las sedes de las empresas. El flujo de capital, el movimiento de personas o el comportamiento de los consumidores en el nuevo escenario preocupa también a empresarios gallegos.
Suavizar el impacto
El saldo fiscal positivo de Galicia "es de la orden del 5-6% de su PIB; en buena parte se debe a las cuentas de la Segurida Social y el resto a los efectos de la progresividad del sistema fiscal", consta en el estudio. La independencia trastocaría las cifras y, según los expertos, obligaría a una mayor contención de gasto y/o mayor recaudación. La posibilidad de un pacto fiscal sería beneficioso en la atmósfera de ajustes necesarios que se vislumbra: "reduciría el impacto en un 30%, porque quedaría fuera el sistema de Seguridad Social y Cataluña seguiría contribuyendo a la financiación de las cargas comunes". Añade el estudio que más favorable sería, todavía, un pacto fiscal menor (en el interior del sistema autonómico). En este caso cada región perdería un 5,8% de sus recursos iniciales: en Galicia supondría 402 millones de euros.
Lo que sí dejaron claro los expertos del foro es que debería aprovecharse la situación abierta en Cataluña para buscar un acuerdo territorial estable y corregir los desequilibios en la distribución de los fondos. Esta desviación que resta equidad al sistema favorece en la actualidad, según el estudio, a País Vasco y Navarra (también a Aragón y La Rioja), con un "saldo fiscal positivo que no les corresponde".
Murcia y Valencia deberían estar en valores positivos (y no lo están) y Baleares o Madrid presentan un saldo negativo "mucho mayor que el marcado por la línea de tendencia". En este contexto el saldo fiscal positivo de Galicia está lejos de Extremadura o Canarias, y más cerca de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Andalucía. Equilibrar esta balanza es asunto pendiente.
