Bomberos gallegos han convocado una manifestación para el próximo 15 de mayo en Santiago con el fin de denunciar la "privatización" del servicio y la "precariedad" que padecen desde hace años.

De tal forma, bajo el lema 'Rescátanos', se celebrará esta manifestación, convocada por CC.OO., UGT, CIG, la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, la Plataforma Bombeiros Públicos de Galicia y el Sindicato Independiente de Bombeiros de Galicia.

La protesta partirá del Estadio de San Lázaro --a partir de las 11,00 horas-- hasta el Obradoiro y atravesará el Camiño Francés para parar ante la sede de la Dirección Xeral de Emerxencias, que depende de Vicepresidencia de la Xunta.

En rueda de prensa celebrada este viernes en Santiago, han denunciado que un total de 422 bomberos que prestan servicios en 300 ayuntamientos --a más 1,6 millones de habitantes-- son trabajadores de empresas privadas, con unas condiciones laborales "de tercera", con escasos cuadros de personal que "ven reducida su seguridad" y que "repercute en la seguridad de los vecinos".

Así, señalan que en la actualidad hay 23 parques de bomberos privados en Galicia (13 de ellos en la provincia de A Coruña), con un reparto de personal "insuficiente", con equipos de "tres personas" para atender a una media de 13 ayuntamientos por parque. "Algo insultante que deja de manifiesto la situación de vergüenza que vivimos en Galicia", claman.

Por ello, exigen a la Xunta que cumpla la Lei de Emerxencias de Galicia de 2007 y elabore un estatuto de bombero profesional que "dé soluciones a las deficiencias que presenta el sector".

Y es que según recriminan al Ejecutivo gallego, "lejos de esto", el Gobierno del PP "actúa totalmente en contra, creando todavía más diferencias en el sector", al implantar nuevos cuerpos con cargo a fondos europeos, para "hacer ver" que miembros de Grupos de Emerxencias Supramunicipais pueden prestar "los mismos servicios" que un bombero profesional "con una formación de 70 horas" (si bien dejan claro que sus críticas no van dirigidas hacia los empleados, sino hacia la Xunta).