El recurso previo de inconstitucionalidad y la reforma electoral del voto emigrante han cumplido ya un año hibernando en el Congreso de los Diputados, acumulando decenas de prórrogas de enmiendas sin que el PP haya querido dar el visto bueno a su tramitación parlamentaria.

Las iniciativas legislativas para recuperar el recurso previo ante el TC fueron presentadas separadamente por el PP y por el PSOE, pero han seguido un camino paralelo. Ambas se registraron el 24 de enero de 2014, fueron tomadas en consideración el 18 de febrero de mismo año y desde entonces están 'abandonadas' en la Comisión Constitucional. En concreto, el plazo para presentar enmiendas a los mismos se ha ampliado hasta en 43 ocasiones.

El objetivo, en ambos casos, es el mismo, recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad sobre reformas estatutarias y evitar lo que sucedió con el Estatuto catalán, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció después de que el texto fuera aprobado en referéndum.

UN RECURSO VIGENTE HASTA 1985

El recurso previo de inconstitucionalidad estuvo en vigor hasta 1985, cuando el Gobierno socialista de Felipe González lo suprimió acusando a la oposición de utilizarlo para tumbar los presupuestos generales.

En su momento se explicaba que el PP prefería impulsar la modificación a través de una proposición de ley y no con un proyecto de ley del Gobierno porque así se garantizaban una tramitación más rápida, habida cuenta de que un texto gubernamental debería ser sometido a los informes de los órgano preceptivos y esto retrasaría el inicio de su discusión en las Cortes.

Su propuesta es resucitar este recurso previo para los estatutos de autonomía y los tratados internacionales. Da un plazo de tres días para que los actores con potestad para presentarlos (Gobierno, Defensor del Pueblo o más de 50 diputados, entre otros) decidan impugnar una reforma estatutaria tras su aprobación por las Cortes Generales. Si, en caso de recurso preveía la congelación de todos los trámites, incluyendo el referéndum que pueda contemplar la legislación autonómica.

Cuando resuelva el Tribunal Constitucional, al que el PP no pone plazo máximo para pronunciarse, los preceptos declarados inconstitucionales habrán de ser suprimidos. Eso sí, esta sentencia previa no impedirá que se pueda recurrir después el desarrollo del resto de la reforma estatutaria.

Por contra, el texto del PSOE limita el uso de esta figura a las reformas estatutarias, sin mencionar los tratados internacionales, pero es muy similar a las del PP e incluso coincide en el plazo de tres días para poder recurrir, que comenzarían con la publicación en el Boletín de las Cortes Generales del texto estatutario aprobado. Eso sí, el PSOE pone topes al TC reclamándole que resuelva el recurso previo de inconstitucionalidad en un plazo máximo de seis meses desde su interposición.

UNA REFORMA ELECTORAL DE LA QUE RENIEGAN HASTA SUS AUTORES

Por su parte, la proposición de ley para reformar la ley electoral y eliminar el voto 'rogado' para los residentes en el extranjeros fue presentado en el Congreso por el Parlamento de Galicia, con el aval del PP gallego y de la oposición socialista y nacionalista.

Se trata de una propuesta para revocar la reforma electoral que PP, PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos aprobaron en 2010 y que supuso obligar a los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) a pedir con antelación el ejercicio del voto como requisito para poder participar en unos comicios.

Aquella reforma, nacida para evitar el fraude del voto emigrante, trajo como consecuencia el desplome de la participación de los inscritos en el CERA, lo que incrementó las voces pidiendo una rectificación. A los que se opusieron desde el primer momento, IU, BNG, UPyD y CC, se fueron sumando los propios firmantes de la reforma del 2010, incluyendo CiU, el PSOE y algunas organizaciones territoriales del PP.

La propuesta gallega fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso en marzo de 2014, con el voto del PP, pero desde entonces no ha avanzado un milímetro. Los plazos de presentación de enmiendas se han ido ampliando semana tras semana y ya van más de 40 prórrogas.