Feijóo destaca el aval jurídico del decreto y la RAG ve "opiniones discutibles" en el fallo

La RAG contestó ayer al fallo del Supremo que rechazó sus consideraciones en el recurso de casación presentado y confirmó la legalidad jurídica del decreto del plurilingüismo. Asegura que respeta la sentencia del TS pero señaló que contiene "opiniones discutibles y consideraciones de hecho infundadas", que contradicen diversos "estudios académicos, dictámenes institucionales e informes de expertos". El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, destacó que el decreto "ratifica la legalidad de la normativa".

Según el presidente, el decreto del plurilingüismo es el documento de estas características "más visto por la justicia" y "más avalado" jurídicamente, por lo que instó a los grupos políticos y organizaciones sociales a "no seguir discutiendo sobre aquello que está bien hecho". Feijóo expresó que el gallego "es la lengua propia de Galicia" y pidió "protegerla".

La RAG recordó ayer que la finalidad de la academia es "velar por los derechos del idioma, defenderlo y promoverlo". Recordó que presentó recurso de casación ante el Supremo "por entender que en la tramitación de ese decreto la RAG no había sido debidamente consultada". Consideraba, además, que las disposiciones básicas del decreto resultaban contradictorias con el Estatuto de Autonomía, la 'Lei de Normalización Lingüística', la Carta Europea de las Lenguas Regionales y el conjunto de la legislación que ampara los derechos de las personas gallegohablantes y la obligación de potenciar el idioma propio de Galicia. En el comunicado enviado, la RAG se reafirma en sus convicciones de que la normalización del idioma es un objetivo irrenunciable de la sociedad gallega y en que la Xunta está "moral y legalmente obligada" a tomar medidas positivas para conseguirla. A Mesa pola Normalización y el BNG expresaron que los efectos del decreto son negativos: los resultados "están a la vista con un mayor desconocimiento y falta de uso del idioma".