Un comercial admite ante la juez de la 'Zeta' que pagaban a cambio de contratos para cursos

El comercial de Azetanet, la consultoría dirigida por el empresario coruñés Gerardo Crespo y sobre la que gira la operación Zeta acerca del cobro irregular de subvenciones para cursos de formación, reconoció ayer ante la juez que ofrecía a sus clientes parte de las subvenciones a cambio de que contratasen a su empresa para ejecutar los cursos. El imputado por un presunto delito de fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental destacó que la formación en España funciona de esta forma. "Se hizo, se hace y se hará así", advirtió, al tiempo que admitió que el porcentaje de dinero que pagaban a sus clientes era, en muchos casos, superior al que permite la ley.

Los agentes de la Policía Nacional que investigaron el presunto fraude concluyeron en el sumario que Gerardo Crespo ofrecía a las entidades que lo subcontratasen para organizar los cursos "entre un 10% y un 30%" de devolución de las ayudas públicas y las pesquisas se centran en subvenciones que alcanzan los 20 millones de euros, entre fondos estatales y autonómicos.

De acuerdo con la declaración de ayer, si una asociación recibía una subvención de 100.000 euros para programas de empleo, acordaba con Crespo que le pagaría entre 70.000 y 90.000 euros para que Azetanet ejecutase el curso y que el resto se lo quedaría la asociación. La ley permite que las entidades a las que conceden las subvenciones se embolsen, como máximo, el 20% para hacer frente a gastos indirectos. Muchos de los retornos pactados, superiores al 20%, eran devueltos por la consultoría a las entidades que las subcontrataban a través de pagos en B o facturas falsas, según el sumario.

El comercial, que trabajó en Azetanet entre 2005 y 2011, negó sin embargo, ser consciente de las presuntas irregularidades que se cometían en Azetanet para devolver el dinero pactado a sus clientes. El exempleado de Crespo aseguró que el porcentaje que ofrecían era "superior" al de otras consultorías de formación. "El problema de los retornos ha existido siempre y existirá hasta que alguien le meta mano", apostilló.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña también tomó ayer declaración en calidad de imputadas a una orientadora laboral y una empleada de Azetanet del área técnica. Ambas sostuvieron que los cursos se realizaban, algo de lo que dudan los agentes que investigaron los hechos, quienes afirman en sus informes que, en muchos casos, las clases no se impartían. Las dos sospechosas aseveraron que carecían de capacidad de decisión y que "todo" lo supervisaba Crespo. Ellas, según sus testimonios, se limitaban a cumplir órdenes y confiaban en que todo fuese "legal". Una de las exempleadas del presunto cabecilla de la trama indicó que su jefe "fanfarroneaba" con que conocía a políticos y tenía "contactos". La imputada, no obstante, puntualizó que desconoce si era cierto y si en alguna ocasión le hicieron "favores".

Las declaraciones de la operación Zeta se reanudarán el próximo 9 de abril, cuando están citados a declarar tres altos cargos de la Xunta involucrados en el caso, entre ellos el exdirector xeral de Traballo Odilo Martiñá.

Además, hoy está previsto el acto de conciliación entre Crespo y la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, después de que el primero se querellase contra esta por asegurar que había "engañado" al erario público.