El día después de las elecciones municipales de mayo, la juez instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara, empezará a desentrañar las supuestas retiradas ilegales de multas de la grúa en el concello de Ourense, de las que tuvo conocimiento por las intervenciones telefónicas del Servicio de Vigilancia Aduanera. Tras abrir varias derivadas en la mayor operación judicial contra la corrupción municipal, la juez vuelve a uno de los orígenes del sumario. El 25 de mayo y el 1 de junio están llamados a declarar en calidad de imputados por un supuesto delito de tráfico de influencias más de una veintena de nuevos nombres para investigar la presunta trama que retiraba de forma irregular multas de aparcamiento y en la que habrían mediado políticos y agentes para eludir el pago de las sanciones. Entre los citados figura el alcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez (PP), exconcejales del PP en la ciudad, funcionarios del Concello y de la Diputación y policías locales.

En una providencia notificada ayer a las partes, la instructora ordena a Aduanas que cite a un total de 27 personas, aunque varios ya imputados en la Pokemon por la misma causa y una veintena serían nuevos implicados. La resolución es la continuación de un auto de septiembre en el que la juez pidió al Ayuntamiento de Ourense el listado completo de las multas de la ORA y la grúa supuestamente retiradas a esa relación de personas. La instructora requirió, además, las matrículas de los coches de los mencionados políticos, funcionarios o particulares beneficiados.

En el caso del exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez -que permanece imputado desde que estalló la causa en septiembre de 2012- será su cuarta comparecencia en Lugo. También repetirá ante la juez instructora de la Pokemon el delegado de Vendex en Ourense, Adrián Cordero. Doal, una filial de la empresa, es la adjudicataria del servicio de aparcamiento regulado por la ORA así como de la retirada de vehículos con la grúa.

Político y empresario están citados para el día después de las elecciones locales. También deberán acudir con abogado el responsable de la empresa en Galicia, José María Tutor, quien igualmente repite como citado. Además, la juez interrogará al policía local que se encarga de la custodia del alcalde, a varios funcionarios municipales (incluidos tramitadores de la oficina de multas), a periodistas y a la hija del exregidor. El 1 de junio declararán, entre otros, los exediles del PP Francisco Javier Rodríguez Nóvoa -alto funcionario en la Diputación- y José Luis Valcárcel Baiget.

Según una escucha que fue incorporada a un informe previo de Aduanas, Francisco Rodríguez telefoneó para interesarse por el coche de su familiar, que acaba de ser retirado. En el inicio de la causa, Rodríguez reconoció haber intercedido con "2 o 3 llamadas" para anular servicios de la grúa, pero defendió su inocencia y consideró "desproporcionado" su trato como detenido. Los investigadores también oyeron llamadas del delegado de Vendex en las que, por ejemplo, ordenaba que "cuando estén arriba" -en referencia al depósito de vehículos, ubicado fuera de la ciudad, en Seixalbo- que lo llamaran para que le dieran el coche "sin pagar".

Aduanas llegó a la conclusión de que "Adrián Cordero habría retirado o anulado, sin base legal ni reglamentaria para ello, y en connivencia con determinados funcionarios, multas por estacionamiento en zona ORA, así como tasas del servicio de grúa". También sospecharon que "al margen, presuntamente se habrían concedido tarjetas de estacionamiento a residentes, sin cumplir los presupuestos establecidos para ello".

Pilar de Lara quiere interrogar, además, al primer edil de Xinzo, Antonio Pérez. El alcalde dijo ayer a FARO que no ha recibido la citación. "La única relación con Vendex es una grúa que el Concello tiene desde hace 20 años", manifestó.