Se ha acabado el periodo de gracia. Un año y medio después de que entrara en vigor la normativa europea que obliga a los propietarios de viviendas a tramitar un certificado energético para poder vender o alquilar, la Xunta ha decidido iniciar los controles sobre estos pisos y multará a quienes no cuenten con este documento, falseen la información o hayan recurrido a técnicos no cualificados. Las sanciones por arrendar un inmueble sin el perceptivo certificado pueden rondar los 600 euros.
Ante la amenaza de multas han sido ya 40.000 los dueños de viviendas que han decidido solicitar el documento. En menos de un año se ha duplicado el número de pisos con certificación energética, según los datos de la Consellería de Economía. Cada año se cierran en Galicia en torno a unas 12.000 transacciones de pisos y se calcula que se firman unos diez mil alquileres.
Sin embargo, el número de inmuebles a la venta o en alquiler y, por lo tanto obligados a disponer de este certificado energético, puede ser mayor. Según la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, en Galicia a mediados del pasado año había un stock sin vender de 26.200 viviendas.
Este certificado, al que obliga la UE desde junio de 2013, otorga a cada inmueble una calificación en función del consumo que necesitan los hogares en el día a día. Mide el consumo de electricidad, gas, la calidad del aire interior, las condiciones de control térmico y lumínico y también el gasto en calefacción. Cuanto mejor sea el aislamiento y menor el consumo energético mayor será la nota que obtiene la vivienda en una relación que va de la letra A a la G, a semejante a las etiquetas que llevan los electrodomésticos para promocionar los de bajo consumo.
Este certificado es obligatorio tanto para los inmuebles nuevos como para los antiguos, ya sea para uso residencial o comercial, siempre que el propietario quiera venderlo o alquilarlo. La idea es que el nuevo dueño o el inquilino pueda valorar el gasto en energía de la vivienda antes de cerrar la compra o firmar el alquiler de la misma.
Según informa la Consellería de Economía, será a partir de este año cuando activen el plan de control para comprobar que se cumple la normativa europea de certificación energética. Será el Instituto Energético de Galicia (Inega) el encargado de realizar estas inspecciones que se centrarán en aquellas operaciones de venta y alquiler.
En otras comunidades como en Madrid están empezando a ponerse las primeras multas. En 2014 el Gobierno madrileño abrió 21 expedientes sancionadores.
La tramitación de un certificado energético conlleva además unos costes para el propietario. Este documento cuesta entre 50 y 200 euros y se debe renovar cada diez años. Pero además de disponer de esta certificación, el dueño de la vivienda debe inscribirse en un registro del Inega y eso le costará 5 euros, además de una pequeña tasa que deberá abonar en función de la superficie que será de ocho céntimos por cada metro cuadrado en un piso, cuatro céntimos si es un edificio y cinco euros para inmuebles que no tengan uso residencial.
El coste de incumplir la normativa, sin embargo, puede ser mayor. Las multas oscilarán entre los 300 y los 6.000 euros. No haber renovado el certificado energético o estar incompleta la documentación será considerado infracción leve. Sin embargo, si no se entrega al inquilino la documentación o no se incluye en el registro oficial, la cuantía de la sanción estará entre los 600 y los 1000 euros. En los casos más graves, si se falsea la información, se emplean técnicos no cualificados para realizar el estudio o se publicita una venta o alquiler sin el correspondiente certificado, la penalización podría llegar a los 6.000 euros.
Examen
Las certificaciones energéticas, según establece la normativa, serán públicas para que los interesados en esos inmuebles puedan consultarlas. Además, la consellería exigiría un control técnico, a modo de auditoría, en los edificios de nueva construcción con más de 2.500 metros cuadrados de superficie útil habitable. Para el resto, cada año habrá también un examen sobre el 1 por ciento elegido al azar entre las certificaciones entregadas.
El certificado debe emitirlo un técnico superior, normalmente un ingeniero o arquitecto acreditado. Entre ellos se ha abierto una guerra de precios que es lo que justifica que pueda variar tanto el precio de obtención de uno de estos documentos. El profesional debe visitar la vivienda para evaluar la calidad de los cerramientos, el consumo de energía de los electrodomésticos o el grosor de las paredes.
