La directora general de Azetanet, la consultoría dirigida por el empresario coruñés Gerardo Crespo sobre la que gira la operación Zeta por el cobro irregular de subvenciones para cursos de formación, reconoció ayer ante la juez que su jefe ordenó falsificar facturas para el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño. Gerardo Crespo, según la declaración de la imputada, amenazó a sus trabajadores con cerrar la empresa y despedirlos si no accedían a hacerle el "favor" a Calviño, ya que era su principal cliente y necesitaba justificar con gastos ficticios una subvención que recibió para organizar un congreso de autónomos en Madrid que no llegó a realizar.
Al igual que sostuvo la directora financiera en su declaración el miércoles, indicó que los pagos mensuales de 3.000 euros a Pachi Lucas, el empresario relacionado con Feijóo al que Crespo califica como su "conseguidor" de contratos públicos, eran "prioritarios". De hecho, según una de las empleadas, el cabecilla de la trama pagaba a Pachi Lucas antes que a sus trabajadores.
La responsable de Azetanet también contó a la juez que instruye el caso que Crespo asistía a reuniones con políticos y que lo acompañó a un encuentro con la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, aunque matizó que en su presencia "nunca" hablaron de dinero.
En el sumario del caso consta que el propio Calviño, también imputado en la causa, emitió facturas de su restaurante, Don Sabroso, en concepto de catering para la feria para cuya organización percibió 30.000 euros del Ministerio de Trabajo. El congreso no se celebró. La mujer admitió que participó en la falsificación de los documentos, al igual que otros trabajadores de Crespo que cedieron a sus amenazas, principalmente, por miedo a perder sus empleos.
Tanto la directora general, ayer, como las responsables del departamento comercial y financiero de Azetanet el miércoles, responsabilizaron a Crespo de todas las decisiones que se tomaban en la empresa. La trabajadora que testificó ayer durante más de cuatro horas alegó que accedió a participar en el fraude de las facturas porque no podía permitirse que la despidiese, ya que tiene más de 50 años y tres hijos.
La imputada, sin embargo, decidió romper a finales de 2012 su relación con Crespo, que había comenzado hacía casi cinco años, tras enterarse de que la había engañado para que accediese a formar parte del patronato de la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo), sin saber que podría llegar a responder con su patrimonio.
La directora general de Azetanet intentó hacer ver a la juez instructora que no ejercía como máxima responsable en la empresa. Ese era el papel de Crespo. Ella, según su versión, hacía más de secretaria. De hecho, manifestó que lo acompañaba a las reuniones que mantenía con los clientes que subcontrataban a Azetanet para realizar los cursos de formación para los que recibían las subvenciones.
