El juzgado de instrucción número 3 de Santiago, que investiga el descarrilamiento del Alvia en el que murieron 79 personas, ya tiene en su poder el informe pericial completo elaborado por QBE, la aseguradora de responsabilidad civil patrimonial de Renfe. El dictamen, realizado por Frans Heijnen y James Robert Catmur, sostiene que la evaluación de riesgos realizada por Adif durante la construcción de la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el siniestro, "presenta graves deficiencias".

El documento, al que tuvo acceso Europa Press, determina que dicha evaluación de riesgos por parte del administrador de infraestructuras ferroviarias "no cumple" con la norma EN 50126 ni con el reglamento MCS (métodos comunes de seguridad), que definen los procedimientos de gestión de riesgos para identificar los peligros, analizar los riesgos y mitigar los que no resulten aceptables. Además, estos peritos entienden que "tampoco se mantuvo el procedimiento de gestión de riesgos exigido por la normativa de aplicación tras la puesta en servicio de la línea".

El dictamen concluye que en el tramo del siniestro "existía un riesgo previsible y no tolerable de conformidad con la normativa aplicable y los estándares técnicos del sector que debía haber sido mitigado hasta niveles tolerables". De hecho, analizan tres casos: qué habría ocurrido de estar operativo el ERTMS -el sistema de supervisión más completo de velocidad-, de funcionar este y el Asfa y en las condiciones del accidente.

Para este último supuesto, el análisis determina que "la posibilidad de que se produjese un accidente con la configuración de la línea en la curva donde se produjo el siniestro era alrededor de un descarrilamiento cada seis meses". "Representa, por tanto, un riesgo intolerable", subrayan. "Es más", añaden, "incluso en el caso de asumir como hipótesis un riesgo cien veces menor, el riesgo sigue siendo muy superior al exigido en el reglamento MCS". Los peritos entienden, además, que existían "varias posibilidades" para mitigar el riesgo identificado en A Grandeira como no tolerable "relativamente simples".

Los expertos aluden asimismo a la idoneidad de "evaluar el riesgo del factor humano", que, opinan, "no está correctamente previsto en el sistema de gestión de riesgos de Adif". "No existía ningún sistema que evitara el fallo humano ni que redujera las consecuencias en caso de fallo", denuncia el informe, que enfatiza que "las condiciones de la infraestructura no solo permitían el exceso de velocidad, sino que favorecían que, ante cualquier tipo de incidente, se produjera un accidente de catastróficas consecuencias".

El de QBE es el primer informe de parte completo cuyo contenido trasciende, aunque también hicieron los suyos Adif y un maquinista a petición de la defensa de Francisco José Garzón, único imputado en la causa. En mayo de 2014, y a instancias del anterior instructor del caso, Luis Aláez, Heijnen avanzó que "si el ERTMS hubiera estado instalado y activo hasta el kilómetro 88, como inicialmente estaba previsto, el accidente nunca habría tenido lugar".

Andrés Lago, el actual instructor de la tragedia ferroviaria, también tiene en sus manos los informes de los peritos designados por el juzgado. El del ingeniero de Telecomunicaciones César Mariñas (el único de los tres no cuestionado por las partes por proceder de fuera de la Administración) coincide con Heijnen en que con el sistema de supervisión constante de la velocidad hasta Santiago el siniestro no se habría producido. En lo que respecta al del ingeniero de caminos Juan Carlos Carballeira, se advierten "deficiencias" en la señalización de la curva y el realizado por el ingeniero industrial José Manuel Lamela avala el material rodante, aunque apunta defectos y actividades de mantenimiento no realizadas adecuadamente.

Por otra parte, ayer comparecía ante la subcomisión constituida tras el siniestro para estudiar las infraestructuras ferroviarias y elaborar propuestas para mejorar la red Gonzalo Ferre, presidente de Adif. Según la edición digital de "El País", Ferre rehusó referirse al accidente por respeto a la investigación judicial e indicó que Adif aporta a la instrucción toda la información de la que dispone.