La reforma energética plagó de dudas el futuro de las tecnologías verdes en España. A la espera de una posible revisión del actual plan de renovables, que inicialmente discurría hasta 2020 con el objetivo de cumplir los dictados europeos de reducir un 20% las emisiones contaminantes y que una quinta parte del consumo se cubriera precisamente con este tipo de fuentes, todo apunta a una contención en el número de instalaciones ante la sobrecapacidad de generación existente frente a la diezmada demanda de hogares e industrias tras la larga crisis económica. Entre otros retos, en el aire queda la apuesta por la eólica en el mar, que es una de las prioridades de las autoridades europeas -y de sus ayudas de investigación- para seguir atajando la dependencia del petróleo y una de las asignaturas que se proponía también aprobar el Ministerio de Industria. La Xunta marcó siempre las distancias con la colocación de aerogeneradores en la costa, e incluso llevó al Constitucional el decreto impulsado por el Gobierno central en julio de 2007 con las reglas para autorizarlos. El alto tribunal falló en su contra. La Audiencia Nacional desestima ahora además la pretensión del Ejecutivo autonómico de tumbar el estudio estratégico que en 2009 detectó qué zonas del litoral del país eran propicias para los molinos y su petición de extender el veto a toda la franja marítima de la comunidad.
Sí consigue la Xunta la razón en una de sus demandas. En la que respecta a las llamadas aguas interiores, las más cercanas, incluidas las de los puertos y aquellas permanentemente comunicadas con el mar y afectadas por las mareas. La normativa que ampara el estudio estratégico las dejaba fuera, pero el mapa confeccionado con la potencialidad del recurso por zonas sí las tomó en cuenta. A modo "orientativo", sostuvo el abogado del Estado. Pero no vale de argumento. Es una "extralimitación normativa" ante las competencias autonómicas, según la Audiencia Nacional, que, eso sí, deja claro que no efectúa "pronunciamiento anulatorio alguno" en aquellas áreas que excedan de las 12 millas náuticas.
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El resto de las aspiraciones del Gobierno gallego caen en saco rato. La sentencia niega, como decían los letrados autonómicos, que la propia resolución oficial del concurso reconociese una "omisión procedimental" en la tramitación y recuerda que el paso de audiencia pública no significa acoger "y además de forma favorable a las pretensiones esgrimidas" todas las alegaciones respecto a los usos pesqueros y recursos marinos.
La Xunta exigió la declaración de zona "no apta" para todas las rías, la franja desde la línea de costa que va hasta las áreas de 100 metros de profundidad, caladeros tradicionales, reservas marinas de interés pesquero y los espacios integrados o que se van a incorporar a Red Natura. La Audiencia Nacional le recuerda que el estudio "solo sirve para la fijación de unas zonas sobre las que se podrán llevar proyectos concretos" ante los que la Administración autonómica "podrá intervenir y dar su parecer técnico y razonado" y descarta que Industria y Medio Ambiente hayan incurrido en "arbitrariedad o incoherencia" en las localizaciones detectadas.
A ese proceso posterior, en la autorización "de la concreta instalación", se agarra la Audiencia para tumbar también el requerimiento de la Xunta por una supuesta vulneración de sus competencias en materia de patrimonio cultural. "Las comunidades afectadas, entre ellas la recurrente, disponen de vías suficientes para poder ejercitar y defender sus propias competencias", señala el fallo, en referencia al momento en el que toque revisar el permiso y aprobarlo.
En el momento del inicio de la polémica, hace más de cinco años, en Galicia había "varios" proyectos solicitados para la Mariña de Lugo, el litoral coruñés y Costa da Morte, las zonas de mayor potencial, según el estudio estratégico, una vez cribados la velocidad del viento y la profundidad. Nunca llegaron a transcender.
El negocio del viento vive "el peor año de la historia" en 2014, con solo un parque nuevo en Galicia
- El sector eólico registró en 2014 "el peor año de su historia", con la entrada en funcionamiento de tan solo 27,48 megavatios (MW) nuevos, el menor crecimiento en veinte años, según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). De toda la nueva potencia incorporada, 14 MW corresponden a un parque eólico en Galicia -que se queda en cuarta posición, con 3.328,3 mW- y 11,5 MW al parque experimental Gorona del Viento, en la Isla de El Hierro. El resto son aerogeneradores aislados y aumentos de potencial nominal. Así, a 31 de diciembre de 2014, la potencia eólica se situaba en 22.986,5 MW.La patronal eólica cifra el recorte de ingresos el año pasado en 1.063 millones de euros, un 27%, incluidos los incentivos, los ingresos en el mercado y el impuesto del 7%. "La reforma energética ha sido la causa de este parón, por la inseguridad jurídica que ha generado la modificación retroactiva del marco normativo y la adoptación de un nuevo sistema retributivo que permite modificar las condiciones económicos cada seis años sin que se conozca la metodología que se utilizará", critica. De ahí, según la AEE, que se aleje cualquier nueva inversión. Unos 150 MW que estaban reconocidos por el registro de preasignación se han quedado fuera y en Canarias solo se han presentado proyectos para 15 de los 450 MW que buscaba el Gobierno.
