El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible que el Gobierno presentó ya a las autoridades comunitarias para nutrirlo con 5.488 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) se asienta sobre las premisas de una economía baja en carbono, ciudades integradas y cuidadosas con el entorno, la calidad del agua y el transporte sostenible. Este último eje absorbe casi un 31% del presupuesto total, casi 1.700 millones de euros, con la vista puesta en "completar los tramos de la red de alta velocidad". Especialmente del Corredor Mediterráneo, pero también "continuar trayectos ya iniciados en periodos anteriores en Galicia y Extremadura", según consta en el informe al que tuvo acceso FARO.

Galicia figura entre las ocho comunidades, "con independencia de las actuaciones que puedan llevar a cabo los Planes Operativos regionales", en las que el Ejecutivo central quiere intervenir para la reducción de las emisiones contaminantes con la apuesta del tren como prioridad en la movilidad, sobre todo de mercancías. Que incluso le quite cuota al avión.

Entre los pocos ejemplos que el informe incluye sobre los proyectos a impulsar para "completar los itinerarios del nivel de red básica" y "fomentar la integración modal" aparece "la red básica Santiago de Compostela-Vigo", en referencia a la finalización del Eixo Atlántico. La administración estatal detalla además aquellas actuaciones en el capítulo ferroviario que están en cartera para acceder a los Feder con un presupuesto que supera los 75 millones de euros. Junto a la ejecución de nuevos tramos en Andalucía para el tráfico mixto, la línea del Corredor Atlántico Madrid-Lisboa y la mejora del itinerario de la red convencional entre la capital española y Algeciras aparece la línea del AVE gallego entre Lubián y Ourense. La entrada de la alta velocidad en la comunidad. En ningún caso se concreta la cantidad que se busca para costear el proyecto.

Sin los otros programas

El AVE gallego se posiciona así para acceder a fondos europeos tras su ausencia en el abanico de proyectos susceptibles de recibir recursos del "Conectar Europa" y el plan Juncker, que sí abren la puerta a alimentar la Y vasca y los trabajos de electrificación en el tramo entre Medina del Campo y Salamanca. Pese a que teóricamente Bruselas rechaza que el programa de inversiones diseñado por la nueva Comisión se pueda extender a obras públicas ya iniciadas.

Con las iniciativas para allanar el camino a los criterios de calidad que las directivas comunitarias imponen a las masas de agua hay un reconocimiento expreso de que la mayoría de autonomía están todavía muy lejos de cumplirlos. De ahí el gasto en más "infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización". Son 696,1 millones de euros. Las necesidades afectan tanto a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que gestiona el Estado, como la Galicia Costa, tutelada por la Xunta. Hay dos grandes proyectos, con un coste en este caso superior a los 50 millones de euros. Uno de ellos es la depuradora de Osouto, en Santiago de Compostela.

El fin último del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible es acercarse a la estrategia 20-20-20 de reducir hasta el final de la década un 20% las emisiones contaminantes y que las renovables aporten un 20% del consumo. Por eso las energías tienen un protagonismo esencial, con más de 2.095 millones de euros. Aproximadamente una cuarta parte va destinada al fomento de las tecnologías limpias en el común de las regiones. Aunque con una diferencia sustancial. En los dos archipiélagos y las ciudades autónomas, el Gobierno ve "un importante potencial de crecimiento todavía" en "recurso eólico y solar", mientras que en el resto del país la apuesta es otra. Especialmente, la biomasa de carácter forestas, con una referencia explícita a la "mayor intensidad" del aprovechamiento en Galicia. Un 25% del total, según el documento. Lo que entronca con la decisión de la Xunta de echar mano de estos fondos para las subvenciones a la instalación de calderas.

El Gobierno espera además que parte de los fondos, unos 82 millones, sirvan para reforzar proyectos vinculados a las Inversiones Territoriales Integradas (ITIs). La de Cádiz y la Azul, donde Galicia figura junto con el resto de regiones atlánticas para "revitalizar la economía marítima y marina".