Desde el pasado 1 de enero, los emigrantes retornados que han sido multados por no declarar sus pensiones en el extranjero pueden reclamar a Hacienda que les devuelva las cantidades ya abonadas en concepto de sanciones, intereses y recargos. El Gobierno estimó que serían unos 30 millones de euros y los afectados tienen de plazo para presentar sus alegaciones hasta junio. Los más rápidos en realizar los trámites ya están recibiendo estos días los primeros ingresos, según reconocen los afectados. Sin embargo, también critican la falta de información que les ofrecen los organismos públicos e insisten en que seguirán con sus protestas hasta conseguir que tengan que tributar por esos ingresos a partir de este año y no desde 2008 como les exige el Ministerio de Hacienda.

"Dijeron que estaba todo solucionado pero no es cierto. Solo nos devuelven parte de lo que nosotros entendemos que nos han robado. Lo que quieren es legalizar un robo", se queja Manuel Domínguez, portavoz de una de las asociaciones de afectados, que también alerta de que "en algunos sitios no hay suficientes papeles" para realizar las reclamaciones.

Fernando Mosquera, representante de otra de las plataformas, asegura que ya hay pensionistas a los que se les ha devuelto el dinero que tuvieron que pagar de las multas, pero se queja de la falta de información. "No estamos informados. Lo único que sabemos es por la prensa. Nadie del Gobierno nos informa. Algunos van a las Delegaciones de Hacienda y reclaman, otros van y no reclaman? No saben qué hacer y la gente mayor es la que más lío se hace", reconoce. Los afectados coinciden en que pese a que se les está devolviendo la parte de las sanciones, intereses y recargos que tuvieron que abonar por no haber declarado las pensiones que reciben de otros países, su lucha es que la medida no afecte a los últimos ejercicios. En los próximos días aprobarán un nuevo calendario de movilizaciones. El problema arranca a principios del pasado año cuando Hacienda empezó a reclamar a los retornados unas cantidades, que en algunos casos alcanzaron los 40.000 euros, por no declarar sus pensiones del periodo 2008-2012. Además les impuso multas e intereses de demora. Los afectados comenzaron a movilizarse y aseguraron que se les había informado de que no tenían que declarar por esas pensiones.

Finalmente, en verano, el Gobierno decidió no multarlos, ni solicitarles los intereses de demora y aseguró que les devolvería las sanciones ya cobradas. El colectivo pretendía que fuese Hacienda la que les reintegrase de forma automática el dinero, aunque finalmente son los afectados los que tienen que solicitar el reintegro. El plazo comenzó el 1 de enero y acaba el 30 de junio. Los primeros pensionistas retornados ya están recibiendo estos días las devoluciones. A lo que no accedió el Gobierno fue a retirar la obligación de tributar por las pensiones no declaradas de 2008 a 2012, como solicitan los emigrantes, porque, reconoció Hacienda, los que sí las declararon serían discriminados. Sobre este problema, Manuel Domínguez, portavoz de una plataforma de afectados, asegura que "si está mal hecha la ley, lo que tienen que hacer es devolver el dinero a todos".