Los colegios, previa reunión y acuerdo de la comisión de convivencia, podrán imponer a alumnos que cometan faltas graves trabajos sociales "que contribuyan a la mejora y al desarrollo de las actividades del centro" dentro o también fuera del horario lectivo. Es una de las medidas correctoras "de conductas gravemente perjudiciales" que recoge el nuevo decreto que desarrolla la Ley de Convivencia y Participación de la Comunidad Educativa, aprobado ayer en el Consello de la Xunta. La nueva norma autonómica, que recoge "actuaciones preventivas, reeducadoras y correctoras" e incluye la "mediación en la gestión de conflictos", permite a los centros habilitar aulas inclusivas, con el objetivo de recuperar el buen comportamiento del alumno como alternativa a la expulsión. Introduce, además, el acoso escolar como conducta grave.
El nuevo decreto divide las faltas en graves y leves. Se consideran de gravedad las "agresiones físicas o psíquicas, las injurias, ofensas graves o amenazas y coacciones contra los demás miembros de la comunidad educativa", así como actos de discriminación, actitudes de desafío a la autoridad del profesorado, el acoso escolar, "suplantación, falsificación o robo de documentos académicos", daños causados en el colegio o portar objetos peligrosos. La nueva norma enumera estos supuestos y también las medidas de corrección a las que podrán acogerse los centros educativos para solucionar dichas situaciones y comportamientos disruptivos. La realización de tareas en beneficio de la comunidad educativa consta de primera en el ranking, como actividad para recuperar la normalidad. Pero no es la única; también aparece la "suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro entre dos semanas y un mes" o un posible cambio de grupo, la "suspensión del derecho de asistencia a algunas clases por un periodo de entre cuatro días lectivos y dos semanas" (con deberes y trabajos para casa durante este tiempo). También consta la expulsión de hasta un mes e incluso un cambio de centro.
En el apartado de "conductas leves contrarias a la convivencia" la nueva norma incluye agresiones y ofensas (de menor grado), portar objetos o productos prohibidos en el centro, "la falta de asistencia injustificada a clase y las faltas reiteradas de puntualidad" o la asistencia al centro "sin el material y el equipamiento preciso para participar activamente en el desarrollo de las clases". En estos casos, los colegios podrán encargar la realización de "trabajos específicos en horario lectivo" y, en horario no lectivo, trabajos sociales en beneficio del centro y la comunidad educativa. También establece la suspensión de actividades extraescolares de dos semanas, cambio de grupo o expulsión de tres días.
Resolver conflictos en 12 días
El uso del móvil estará prohibido de forma "expresa y taxativa", expresó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien apuntó que "excepcionalmente", los centros pueden fijar normas "para su correcta utilización como herramienta pedagógica". El proyecto educativo de cada centro incluirá un plan de convivencia y cada colegio tendrá una comisión (de convivencia) constituida en el seno de su Consello Escolar. Feijóo indicó que el texto apuesta "por la mediación y la recuperación del alumnado" que sufra o provoque algún problema de convivencia. Así, según sus palabras, se regulará el funcionamiento de las aulas de convivencia inclusiva para que, cuando proceda, se sustituya el tiempo de expulsión del alumnado por su paso por estas aulas. La norma también establece la organización de escuelas de padres, que podrán proponer iniciativas que tiendan a prohibir conflictos y mejorar la convivencia. Feijóo explicó que se dispondrá de un plazo máximo de 12 días para la resolución de los "conflictos educativos" mediante mediación o mediante decisión de la Administración educativa.
Expulsión obligada en caso de discriminación
- El nuevo texto tiene en cuenta, como falta de especial gravedad, "conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en género, orientación o identidad sexual; origen racial, étnica, religiosa, de creencias o de discapacidad". En estos casos, con daños a alumnos vulnerables por sus características personales, la nueva norma obliga a aplicar la expulsión: "suspensión temporal de entre cuatro días y un mes" e incluso un "cambio de centro".
La norma castiga la grabación y difusión de vídeos
- Educación considera como falta grave, y así aparece redactado y especificado en el nuevo texto normativo, "la grabación, manipulación o difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones que atenten contra el derecho a la honra, a la dignidad de la persona, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa". Este tipo de actuaciones de grabar con el móvil ciertas situaciones que repercuten negativamente en la imagen de un compañero o profesor están vinculadas al acoso escolar. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó ayer que la norma convierte a Galicia "en la primera comunidad de España que regula el ciberbullying con un protocolo de prevención y que edita una guía de tratamiento del acoso y del ciberacoso".
