20 de noviembre de 2014
20.11.2014
OPERACIÓN ZETA | EL FRAUDE EN LAS AYUDAS EN CURSOS DE FORMACIÓN

La juez imputa a 3 ex altos cargos y 2 jefas de la Xunta por el fraude en los cursos de formación

Los exdirigentes de Traballo declararán por presunto tráfico de influencias y cohecho y las dos responsables del Instituto Galego de Consumo, solo por el primer supuesto delito. La lista de imputados se eleva a una treintena

20.11.2014 | 02:09

La juez María Jesús García que instruye la operación Zeta detectó indicios de que al menos cinco altos cargos de la Xunta del PP participaron en la trama acusada de defraudar subvenciones millonarias para cursos de formación para desempleados, cuyo epicentro está en A Coruña, tres de ellos, de la Consellería de Traballo, ya han dimitido o han sido cesados, y los otros dos, que son dos jefas de servicio del Instituto Galego de Consumo siguen en su puesto, aunque se les ha abierto un expediente informativo. La magistrada emitió ayer una providencia en la que citó a declarar como imputadas a 23 personas, que se suman a las siete que hasta ahora estaban implicadas en el caso, entre ellas Gerardo Crespo, presunto cabecilla de la trama.

Entre los sospechosos que testificarán como imputados durante febrero y abril del próximo año figuran cinco altos cargos del Gobierno gallego, así como las mujeres de tres de los primeros siete imputados en la trama: el empresario Gerardo Crespo; el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño; y el director de la Feria de Autónomos de Galicia, Luis Fraga Ameneiros. El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, también se encuentra entre los nuevos imputados en la operación Zeta.

Los puestos de confianza de la Consellería de Traballo que declararán por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, tipo penal establecido para el soborno o aceptación de soborno, son: Odilo Martíña, que fue director xeral de Traballo y dimitió en septiembre; Luis Alberto Álvarez, que fue jefe territorial de la Consellería de Traballo e Benestar en A Coruña y fue trasladado a la Diputación y dimitió en octubre); y Joaquín Vila, que era el jefe de servicio de Gestión Administrativa de Formación para el Empleo y fue cesado en octubre. Los tres altos cargos se acogieron a su derecho a no testificar en la comisaría de Lonzas cuando fueron citados por los agentes que investigan los hechos para que ofreciesen su versión.

La contabilidad no oficial de Crespo descubierta por la Policía Judicial refleja, además de 17.000 euros en aportaciones al PP, pagos al exdirector xeral de Traballo por importe de 5.700 euros. Martiñá, que fue nombrado por el PP, dimitió el pasado mes de septiembre, el día antes de ser citado por el 091 para declarar.

Los agentes, además, sostienen en la instrucción que los archivos informáticos que examinaron prueban que Crespo tenía a sueldo al exdirector xeral de Traballo, al que abonó 300 euros mensuales desde 2006 hasta mayo de 2009, lo que sumaría "una cantidad cercana a los 18.000 euros". Otro alto cargo del PP implicado en la trama, Luis Alberto Álvarez Freijido, figura como receptor de 8.000 euros de la caja B del empresario cuando ejercía de jefe territorial de Traballo. Hasta el mes pasado ocupaba un puesto de director en la Diputación. La Xunta cesó a otro jefe de servicio en cuanto tuvo conocimiento de su implicación en el caso. Joaquín Vila Sampayo recibió, según las cuentas de Crespo, regalos por importe de 922 euros.

La Policía Judicial indica en sus informes que el sumario evidencia el "amaño desde un inicio" de al menos dos adjudicaciones públicas de la Xunta por importes de 58.056 y 64.800 euros. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña decretó ayer la imputación por tráfico de influencias de la jefa de servicios de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo, María Isabel Caramés González; y de la directora de la Escola Galega de Consumo, Esther Álvarez Fernández, por cometer presuntas irregularidades para que algunos concursos públicos fuesen adjudicados a empresas de Gerardo Crespo. Ambas se negaron a declarar cuando fueron citadas por la Policía Nacional en Lonzas.

En el sumario consta cómo la encargada administrativa de la preparación de los pliegos de condiciones que deberían cumplir las compañías que se presentasen a los concursos de la Escola Galega de Consumo, dependiente de la Consellería de Economía e Industria, le pide en un correo a empleadas de Azetanet, la consultoría de Crespo, que revisasen las condiciones que exigiría la Administración autonómica para que después ella pudiese "enfocar" el pliego. La alto cargo del Gobierno gallego imputada, según indica la Policía Judicial, se reunió con una trabajadora de la empresa del Crespo para acordar "las mejoras que debería presentar la compañía para ser adjudicataria". Uno de los mensajes, según destacan los investigadores, descubre que la directora técnica de la Escola Galega de Consumo "pactó" la adjudicación con el presunto cabecilla de la trama de fraude de ayudas públicas para cursos.

"Hay que llamar a Esther para decirle si nos presentamos y también para saber si presentamos nosotros a las tres empresas (lo va a consultar)", informa en un correo una empleada del empresario coruñés. Gecreri, la compañía del supuesto líder de la trama, fue la adjudicataria de la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del servicio de realización de actuaciones de carácter formativo y divulgativo de la escuela de consumo de la Xunta. Los contratos se firmaron en febrero de 2011, por 58.056 euros; y en febrero de 2012, por 64.800 euros. La Consellería de Industria informó ayer de que abrió un expediente a las dos imputadas en la operación Zeta. Fuentes del departamento señalaron que las dos responsables de Consumo son "funcionarias" que trabajan "desde hace años" en la Xunta, al tiempo que matizaron que no son consideradas "altos cargos".

La presunta organización delictiva que defraudaba subvenciones para cursos formativos, la mayoría procedentes de la Xunta, gira entorno a Crespo. No obstante, entre los siete primeros imputados en la trama también figuran el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño; el dirigente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello; el director de la Feria de Autónomos de Galicia, José Luis Fraga Ameneiros; y tres responsables de las entidades de Crespo, Margarita Ordóñez Novo, Mercedes García Rodríguez y Susana López Otero.

Por los delitos de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos, estafa y falsedad documental serán llamados a declarar en calidad de imputados el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete; el tesorero del colectivo que representa a los hosteleros, José Luis Fernández Rey; y la pareja del director de la Feria de Autónomos de Galicia, María Teresa López Carrodeaguas.

El comercial de Azetanet, la consultoría de Crespo sobre la que gira la presunta trama, que reconoció que para captar clientes les ofrecía la "devolución" de parte de las subvenciones, Pio Santos Movilla, también está entre los 23 nuevos imputados. A él se le imputa, al igual que al abogado Sergio Diéguez Sabucedo, administrador de mercantiles de Crespo, delitos de fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental.

El letrado declaró que conocía al empresario desde la infancia y que aceptó formar parte de algunas entidades por "colaboración y amistad" con él. También se le imputan estos delitos -fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental- a las esposas de Crespo y Calviño, así como a dirigentes de asociaciones creadas por el presunto cabecilla de la trama. La mujer de Calviño fue contratada por Crespo para impartir algunos cursos. Por unas clases de 14 horas a distancia llegó a cobrar 2.000 euros, según consta en el sumario.

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