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El total de infracciones superó los 16 millones de euros en 2013

Trabajo quita a 600 parados, jubilados y enfermos la prestación por cobro indebido

Las ayudas recibidas irregularmente suponen solo el 0,4% del fraude laboral detectado en Galicia

El peor año de la historia para el mercado laboral, el pasado 2013, fue también otro ejercicio de gran actividad para la Inspección de Trabajo en Galicia. Las visitas, comprobaciones y expedientes administrativos para rastrear todo tipo de irregularidades relacionadas con la Seguridad Social rozaron las 53.000, que, junto con los 87.600 requerimientos a la administración, elevaron el total de actuaciones a 140.343, un 0,2% más que en 2012. Pese a que el número de infracciones notificadas se mantuvo prácticamente igual entre los dos periodos -4.523, con un alza únicamente de diez actas-, lo que sí creció en mucha mayor proporción fue el importe de las sanciones. Un 2,5%, hasta los 16 millones de euros. Y especialmente las liquidaciones abiertas para forzar a los particulares y empresarios a cumplir con los pagos que intentaron esquivar. El importe se disparó por encima de los 61,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior. Del conjunto del fraude detectado, la devolución de cobros indebidos por incapacidad, jubilación, desempleo o invalidez, apenas representa el 0,4%, según la última memoria del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo.

Los inspectores propusieron anular 607 pagos. Es decir, el 0,07% del total de las prestaciones en vigor el pasado año, por encima de las 900.000. Las infracciones en el caso concreto de las bajas temporales, sobre las que las administraciones han puesto la lupa desde el estallido de la crisis, fueron 72, que derivaron en la derogación de 98 prestaciones. El 0,9% de las incapacidades temporales que se estaban abonando en 2013. Otras 10 revocaciones vienen de las retribuciones por invalidez y 23 más de jubilaciones. Las 476 restantes son prestaciones a desempleados, donde se concentró la investigación de la Inspección de Trabajo, con 5.800 revisiones. La cifra de cancelaciones por este concepto en España superó ligeramente las 14.000.

Las anomalías con las prestaciones son, posiblemente, las más llamativas dentro del ámbito de la labor inspectora respecto a la Seguridad Social. Pero la de menos impacto para las cuentas públicas. Su devolución aportó 230.083 euros en los expedientes liquidatorios formalizados en la comunidad. Por recaudación inducida, los ingresos rondaron los 17,4 millones de euros; 8,7 millones vinieron directamente de las actas de liquidación; y prácticamente 35 millones de la derivación de responsabilidad a la hora de cumplir con las obligaciones en materia de afiliación o cotizaciones.

Las actuaciones de control escalaron hasta las 48.660, de las que casi diez de cada cien acabaron con el hallazgo de una infracción, que afectó a 1.476 empresas y trabajadores. El saldo de las sanciones propuestas fue de 9,2 millones de euros y se registraron 3.973 nuevas altas en la Seguridad Social.

El importe de los quebrantamientos por este caso concreto, por falta de alta, fue de 4,3 millones. Por falta de inscripción del empleado, 3,2 millones. Otros 2,7 millones están en relación a las prestaciones. Y 1,7 millones en incumplimientos relacionados a trabajadores extranjeros con problemas de permiso. Es lo que la propia Seguridad Social denomina lucha contra la "economía irregular" y que acumula atropellos por valor de 8,7 millones de euros.

Tanto la provincia de Pontevedra como la de A Coruña saltan por encima de los tres millones de euros, con 3,7 y 3,4 millones, respectivamente. Entre ambas, según la información detallada de la memoria de la Inspección de Trabajo en 2013, concentran el 81% de esa "economía irregular". El importe de los incumplimientos en Ourense está alrededor de los 873.000 euros; y 790.000 euros en Lugo.

La lista de posibles fallos en el área de Relaciones Laborales es larga, aunque los problemas con salarios y el tiempo de trabajo son los mayoritarios. Les siguen las transgresiones de la normativa sobre contratos, la contabilización y pago de las horas extra, las condiciones inferiores de trabajo ante un mismo desempeño y los derechos de los representantes de los trabajadores y sindicatos. Las actuaciones de la Inspección de Trabajo en Galicia respecto a estas cuestiones fueron el pasado año 9.371, que destaparon 486 infracciones, 2.107 requerimientos y 7 actos de mediación y consultas.

Los inspectores analizaron 20.080 contratos por posible uso fraudulento, con 40 infracciones y 43.900 euros en sanciones. Hubo una irregularidad en una subcontrata de la construcción ante la falta de proporción de indefinidos y 9 en contratos bonificados. A 3.096 temporales se les transformó su empleo en fijo. Las vinculadas a materias de empleo, colocación y extranjería sumaron 200, de las que la inmensa mayoría (193) fueron por trabajadores foráneos. En prevención de riesgos, con 705 anomalías, los técnicos obligaron a paralizar 37 actividades. Del total de accidentes laborales, 770 -59 mortales-, solo 192 acabaron con la detección de una infracción y las multas alcanzaron los 983.110 euros.

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