Beatriz Mato sobre los implicados: "Nos engañaron a todos"

"Nos engañaron a todos. A la Xunta del bipartito, a la Xunta actual, al Gobierno del señor Zapatero, al Gobierno actual y a nueve comunidades autónomas", ha enumerado ante el pleno de la Cámara, en respuesta a una interpelación de la diputada del BNG Montse Prado.

Precisamente, la nacionalista ha pedido su "dimisión" apelando a la "higiene democrática", a la vista de su relación con el principal imputado en este caso, Gerardo Crespo, y que se constata en "llamadas, correos y mensajes" integrados en el sumario. "Es necesario asumir responsabilidades políticas y usted las tiene en esta trama, y muy relevantes", ha incidido.

"Aquí no estamos hablando de amigos ni de simpatizantes, sino de gente que es amiga del que gobierna", ha replicado la titular de Traballo, para quien el grupo de empresas implicadas en este caso "no entiende de color político".

Como prueba de ello, ha vuelto la vista atrás para esgrimir que el Gobierno de coalición PSdeG-BNG también concedió subvenciones a esta trama y que su antecesor en el cargo, el socialista Ricardo Varela, "también recibía correos electrónicos de este personaje", en alusión a Gerardo Crespo.

"*ME PIDE RESPONSABILIDADES A MÍ?"

Además, tras explicar los procedimientos para la concesión e inspección de los distintos cursos de formación para parados y para trabajadores, Mato ha reivindicado que la Xunta actual "fue la primera" en introducir la obligación de inspeccionar los planes integrados de empleo --que combinan asesoramiento, formación e integración--.

"Nunca se había hecho un control presencial hasta la llegada de este Gobierno", ha recalcado, sin dejar de hacer hincapié en que el bipartito firmó ayudas por 28,4 millones de euros "sin inspeccionar".

Por la contra, el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo creó en junio un servicio de control y verificación de fondos y, en mayo de 2011, pidió "más personal" para ese departamento, que se incorporó en septiembre de ese año. Ese equipo, según ha indicado, fue el que "detectó irregularidades" en cinco empresas, que se remitieron a la Fiscalía.

Meses después, según su relato, la Policía "solicitó esos cinco expedientes" e "información de 21 empresas más". En este punto, la conselleira ha sostenido que, de no haberse puesto esos mecanismos de inspección, "nunca se habría descubierto" la Operación Zeta.

Así las cosas, la titular de Traballo ha preguntado directamente a Montse Prado: "*Me pide responsabilidades a mí? *Qué le pide entonces a su formación política, que cuando gobernaba no miraba?".

MENUDO "NIVEL"

Ante esta respuesta, la nacionalista ha cuestionado el "nivel" de su respuesta y ha advertido a Mato de que "por mucho que ponga el ventilador" no logrará que el Bloque deje de exigir "responsabilidades políticas".

"`Porque nadie de mi grupo está en fotos con estos delincuentes, están ustedes!", ha remarcado, al tiempo que ha señalado que la Xunta siguió "dando subvenciones" a empresas de ese entramado pese las inspecciones citadas por la conselleira. "Porque ese dinero benefició al PP", ha concluido, y ha recordado que la formación frentista lleva denunciando "desde 2010" que "no se estaba haciendo un reparto equitativo de esos fondos".

Como cierre de su intervención, ha enfatizado lo "grave" de hacer un uso "fraudulento" del dinero público obtenido a base de los impuestos "que el pueblo paga con tanto esfuerzo" y lo "repugnante" de que sea el dinero para formación de parados cuyo destino está en cuestión. "Y todo esto sólo tiene una respuesta: su dimisión", ha sentenciado.

"TOLERANCIA CERO"

Finalmente, Beatriz Mato ha "garantizado" que el Gobierno del que forma parte "pondrá todos los recursos contra el fraude", pues mantiene "tolerancia cero" con este tipo de prácticas. "Otros miraron para otro lado", ha contrapuesto.

En este sentido, ha opinado que "la autoridad moral se gana con hechos" y que el Bloque "no fue diligente", pues "no hizo nada" cuando gobernaba y ahora "vienen a pedir responsabilidades". "Cuando le aseguro que no dudamos en denunciar este caso", ha agregado.

Todo ello no le ha impedido "reconocer que es lamentable" lo que se está conociendo. "Es de las peores noticias que puede tener cualquier administración, pero este Gobierno puso mecanismos de control hasta entonces inexistentes", ha apuntado, y ha pedido que este caso no se utilice para "demonizar la formación a parados" y a los que la imparten. "No todas las empresas son defraudadoras ni todos los políticos son corruptos", ha finalizado.