Agentes, jueces y fiscales volcados durante años en una investigación, un sinfín de escuchas telefónicas y seguimientos, decenas de registros, miles de documentos intervenidos, cientos de imputados, citaciones en los juzgados de acusados y testigos, e incluso un juicio solo pendiente de sentencia y otro a punto de sentar en el banquillo a los procesados. Los medios humanos y materiales dedicados a dos macroprocesos de corrupción en Galicia han servido para poco: todos los imputados en una trama de multas de tráfico en Lugo, con más de 70 implicados, y la operación Rei, con ocho imputados por prevaricación y tráfico de influencias en el concello de Castro de Rei, han sido absueltos. Y no porque los mecanismos para luchar contra la corrupción sean insuficientes, sino por fallos en la instrucción. El carpetazo de la Audiencia de Lugo a estas dos causas, ambas instruidas por la juez Estela San José, por "irregularidades" en la obtención de pruebas y por no haber enviado a reparto ambos procesos, ya que derivaron de la investigación de otras causas en curso sobre otras cuestiones, ha impedido probar si unos intercedieron ante otros para la retirada de sanciones de tráfico en la provincia o si se llevaron a cabo adjudicaciones irregulares en el municipio lucense de Castro de Rei.
Fiscales e investigadores consultados por este periódico manifiestan su "gran frustración" y "malestar" por el carpetazo a estas dos causas de corrupción, al tiempo que advierten de que el fantasma de la anulación por errores en la instrucción planea sobre otras investigaciones como la Pokemon o la Patos. Pese a la absolución técnica de los imputados en ambas operaciones anticorrupción, el sector de la judicatura espera que los recursos de casación que interpondrá la Fiscalía del Supremo impidan que una "irregularidad" en el proceso anule toda la instrucción.
| Motivos. ¿Por qué la Audiencia invalidó ambas causas? Varios fiscales señalan a la juez instructora por quedarse con investigaciones a sabiendas de que no debía. "Un desmesurado protagonismo (de la instructora) al apartarse de la legalidad porque entiende que sus competencias van más allá, puede finalmente desbaratar un proceso de investigación laborioso", censura un fiscal. "Tantos esfuerzos -añade otro- se pueden ir al traste por no haber sido pulcro en el proceso, eso abre las puertas a que las defensas ataquen".
| Fiscales. Lo peor que puede ocurrir con una instrucción ha pasado. Y es que una causa de corrupción, con la repercusión mediática que tiene cada imputación de un cargo público, el contenido de cada auto y los detalles de cada pinchazo telefónico, sea invalidada por defecto de forma. "El reglamento es claro", coinciden los fiscales. Cuando el instructor de un caso detecta en el transcurso de una investigación otros posibles delitos ajenos a la causa en curso -la operación Carioca destapó una presunta trama de multas de tráfico en Lugo y una investigación de vulneración de derechos de trabajadores derivó en la operación Rei-, el juez debe abrir nuevas diligencias y enviarlas al juzgado decano para que este lleve a cabo su reparto. En ese reparto, las nuevas piezas podían recaer en el mismo juzgado o en otro distinto.
| Investigadores. La Audiencia de Lugo, "sin entrar en el fondo del asunto", concluye que las escuchas en ambas causas se hicieron "de forma irregular" por un juzgado que ya no debía conocer del asunto. Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera reconocen el "malestar" por la invalidación de ambas causas. "Se ha dedicado mucha gente y medios técnicos para estas investigaciones", recuerdan. Y este despliegue para los casos de corrupción ha impedido que los agentes asignados a estas investigaciones pudiesen dedicarse a otros asuntos, como por ejemplo en materia de narcotráfico, según apuntan desde Aduanas.
| Recursos. Los primeros en alzar la voz contra las anulaciones de la Audiencia de Lugo fueron los fiscales. Nada más conocer el primer fallo que invalidaba la supuesta trama de las multas de tráfico, el fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué, admitía que "cabe en la práctica que exista algún tipo de defecto procesal" pero que "no exceda de la legalidad ordinaria". Ahora es el turno de los fiscales del Supremo, que en los recursos a ambas sentencias de nulidad defenderán que la actuación de la juez no puede suponer la destrucción del trabajo realizado durante toda la instrucción.
| Precedentes. "Hay jurisprudencia en relación a la vulneración de la norma del reparto de un asunto", destacan varios fiscales consultados. Los recursos que presentará la Fiscalía del Supremo para tratar de dar la vuelta a los fallos de la Audiencia provincial se basarán en sentencias del Alto Tribunal que resuelven que "una mera infracción si es una irregularidad -explican fuentes fiscales- carece de trascendencia para anular un proceso siempre que esté garantizada la imparcialidad del juez instructor" de la causa.
| Calendario. El plazo estimado para tener respuesta del Tribunal Supremo a los recursos de casación, según avanzó esta semana el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, es de ocho a nueve meses. Para Varela, no puede tener la consecuencia "drástica" de que una "irregularidad" -como no haber sometido a reparto la investigación de un caso- anule toda la instrucción.
| Futuro. Si finalmente el Supremo rechaza los argumentos de los fiscales, los dos megaprocesos se quedarán en nada y se dará definitivamente carpetazo a las dos causas de corrupción -y las siguientes que puedan ser anuladas- con la absolución técnica de todos los imputados. Por el contrario, si el Alto Tribunal concluye que un error de forma no puede invalidad toda la investigación, el caso será trasladado al órgano judicial correspondiente, bien para que dicte sentencia o que fija la fecha para la celebración del juicio.
| Sanciones. Los jueces que incurren en irregularidades en un proceso, como es el caso de Estela San José, se enfrentan a una sanción disciplinaria. O bien tras una actuación de oficio por parte del servicio de Inspección del Poder Judicial o bien a raíz de una queja de un particular o afectado
| Ciudadanía. "Estas anulaciones suponen una gran frustración porque al final quien padece es el prestigio del sistema judicial", reconoce un fiscal, al tiempo que lamenta la percepción que pueda tener la ciudadanía de la Justicia. "Es lógico que esto irrite a los ciudadanos: se preguntarán, ¿todo esto para que al final se quede en nada?... Se debe aprender de los errores para evitar que se repitan", urgen varios fiscales.
El fantasma de la anulación planea sobre la "Pokemon"
- La mayor causa de corrupción abierta en Galicia, la operación Pokemon y su rama coruñesa Pikachu, con más de un centenar de cargos públicos, funcionarios y empresarios e imputados, corre el riesgo de quedarse finalmente en nada. La anulación del proceso planea también sobre la instrucción en manos de la juez Pilar de Lara, que como en el caso de Estela San José, instructora de la supuesta trama de las multas de tráfico en Lugo y la operación Rei, no envió a reparto la investigación derivada de otro proceso ya en curso, la operación Carioca de tráfico de drogas y prostitución. Desde hace meses abogados de imputados en la causa, ya advertían de errores en la instrucción. La defensa del primer teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores, imputado por supuesto tráfico de influencias y cohecho, y de otros dos trabajadores municipales pidieron el mes pasado la nulidad de las actuaciones al entender que "toda la instrucción está viciada". Los abogados advierten de que tanto en la operación Pokemon como su en su rama coruñesa debía haberse "deducido testimonio, haberse mandado al decanato y que este decidiese a qué juzgado iba". Preguntado esta semana el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, por si en la Pokemon puede acabar dándose carpetazo por un defecto de forma, no lo descartó ya que la defensa, según apuntó, tratará de "hacer valer esta argumentación" -que la instructora no sometió el proceso a reparto- y así traten de conseguir "réditos procesales". Para evitar que las causas de delincuencia compleja se "alarguen excesivamente", el fiscal superior de Galicia propuso tras la entrega de la memoria judicial de 2013 a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, la aplicación del "principio de oportunidad reglada" y así poder "desprender del núcleo duro de corrupción" aquellos asuntos que se podrían considerar "bagatelas penales", lo que permitiría llevar "cuanto antes" a juicio a ese núcleo duro y evitar así que el caso se vuelva "ingobernable".
