El Ministerio de Hacienda ha puesto la lupa en las incesantes quejas contra la Xunta por sus retasaciones al alza en inmuebles, terrenos y otros bienes para la aplicación luego de sus impuestos, con el correspondiente incremento también que eso supone para los ingresos públicos. Tanto el Tribunal Económico-Administrativo regional (TEARG) -encargado de solventar los conflictos fiscales- como la justicia ordinaria están dando la razón masivamente a los contribuyentes, lo que evidencia "una situación que requiere especial atención", según la Inspección General del organismo que dirige Cristóbal Montoro. De ahí su requerimiento explícito a la Consellería de Facenda para que mande técnicos a valorar in situ. El Supremo, como adelantó FARO, ya advirtió al Ejecutivo autonómico que lo que estaba haciendo es "contrario a derecho" y de "la indefensión" provocada para el ciudadano.

Con su polémica orden de precios medios, el baremo de referencia que calle por calle establece una cuantía genérica para los bienes, las comprobaciones por parte de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) sumaron 124.726 el pasado año, con un incremento en el valor de los activos de más del 51%. De 9.248,5 millones de euros declarados a casi 14.000 millones tras la supuesta revisión. La subida llega al 90,2% en el caso de las verificaciones realizadas por la delegación de Pontevedra; un 77% más en la de Ourense; hasta un 60,4% en la de Vigo; del 41,7% en A Coruña; y un 35,5% en Lugo.

Por tipos de bienes, el alza de valor escala al 90,9% en los activos de carácter rústico, el 64% para los de naturaleza urbana y un 25% más en la valoración de otros bienes y derechos, como pueden ser las participaciones en empresas. En todos los casos y las oficinas territoriales, además, se repite lo ocurrido en 2012, con subidas disparadas que saltan incluso por encima del 100%, según figura en el informe de la Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la Atriga, que figura entre los anexos del proyecto de presupuestos del Estado presentado ayer.

Como "consecuencia" de las valoraciones tramitadas, la Atriga recibió en 2013 un total de 2.252 recursos de reposición. La cifra comprende las reclamaciones administrativas propiamente dicha junto con las alegaciones de los contribuyentes durante el trámite de audiencia. Los inspectores destacan las "diferencias relevantes" entre delegaciones a la hora de resolver los recursos. Mientras que en A Coruña se queda en el 33,1% y un 30,3% en Pontevedra, en la delegación de Vigo llega al 95,4%.

"Las causas más habituales en la interposición de recursos son discrepancias con el valor fijado por la Administración debido a la antigüedad y estado de conservación de los inmuebles, desacuerdo con los valores catastrales, desconocimiento de los coeficientes aplicados, y errores en la localización y el emplazamiento, sobre todo en el caso de los bienes rústicos, el hecho de que han sido actualizados los valores catastrales en diferentes zonas de la comunidad y la aplicación de los gastos generales, beneficio industrial y honorarios técnicos", explica el Ministerio de Hacienda. Aunque no especifica en qué porcentaje, el informe deja muy claro que "el grado de estimación de los recursos de reposición es muy elevado".

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A lo que se une la respuesta del Tribunal Económico-Administrativo regional. Las quejas relacionadas con las discutidas comprobaciones de valor alcanzaron en 2013 las 4.234. Son 93 menos que el ejercicio anterior (4.327), pero cada vez representan más sobre el conjunto de asuntos que llegan al TEARG. El 82,8% del total. En 2010 eran el 65,1%, el 77,6% en 2011 y el 80,9% en 2012. Y, lo que es más importante, ocho de cada diez de las reclamaciones por esta causa fueron estimadas total o parcialmente. Lo que no impide que la Xunta las recurra luego al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Por eso, el Ministerio de Hacienda le recuerda a la Atriga la jurisprudencia acumulada en estos conflictos. Que el perito debe realizar su dictamen "con observación directa del bien", la necesaria "adecuada motivación" de las valoraciones y la "titulación suficiente" del técnico. Ante el mecanismo de precios medios que usa la Xunta, los inspectores insisten en la obligación de detallar "las transacciones concretas" que se tomaron como referencia para fijar un precio, "sin que sea suficiente la simple remisión de una orden que fija determinados precios". "Incluso aunque el método empleado sea el de precios medios -añaden-, las operaciones que debe realizar el perito requieren la visita física del inmueble".

"Imposible" sin visita

En esa misma línea de argumentación, por las sentencias emitidas, el informe incide en las circunstancias que pueden influir en la valoración de los inmuebles. Como "el estado de conservación" o "los materiales utilizados", "ya que es imposible que se hayan considerado correctamente sin la correspondiente visita y toma de datos".

"Teniendo en consideración los elevados porcentajes de resoluciones estimatorias de las reclamaciones económico administrativas cabría considerar el incremento de las visitas de los técnicos facultativos a los bienes a valorar a efectos del correspondiente dictamen", concluye el informe. Para conseguirlo, Hacienda "sugiere" a la Atriga que publique una instrucción "que determine los inmuebles que serán objeto de reconocimiento personal por los peritos" y considera "conveniente" reordenar los efectivos de la Axencia para aumentar el número de técnicos.

El ministerio sugiere "incentivar" el trasvase de personal a la Atriga o un proceso de selección para elevar la plantilla

  • Tras la visita de los inspectores del Ministerio de Hacienda a la Atriga, creada el 1 de enero de 2013 como organismo encargado de la gestión impositiva en la comunidad, el informe lanza una lista de recomendaciones, más allá de todo lo que tiene que ver con los cambios en la aplicación de la orden de precios medios en los inmuebles y las valoraciones de los activos. Junto con la recomendación de que se constituya la comisión de control de la entidad y que se reúna, "al menos", una vez cada cuatro meses, el informe señala deficiencias en el cuadro de personal. El número total de efectivos vinculados pasó de 467 en 2012 a 405. "El esfuerzo de gestión, fundamentalmente liquidatorio, que la asunción de determinadas funciones antes encomendadas a las Oficinas Liquidadoras [eliminadas] está suponiendo para los órganos de gestión tributaria de Lugo, Ourense y Pontevedra hace aconsejable, bien incentivando el trasvase de funcionarios desde otras áreas de la administración a la Atriga o convocando los correspondientes procesos de selección, la disponibilidad de los medios personales cualificados necesarios para asegurar una favorable relación entre la reducción de costes que dicho cese en la encomienda de funciones supone y el mantenimiento o incremento recaudatorio", pide. Hacienda hace extensivas "determinadas carencias" a las aplicaciones informáticas. El documento reclama también "instrumentos de calidad" para supervisar la Atriga y "un cuadro de mandos que permita una dirección participativa de objetivos".