Otra semana más, esta última ha dejado vía Boletín Oficial del Estado (BOE) la confirmación de que la reforma energética va camino de convertirse en una normativa de récord en pleitos judiciales. Al margen de los contenciosos abiertos por grandes inversores internacionales en organismos europeos, el Tribunal Supremo acumula más de medio centenar y medio de recursos. Con dos por parte de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), que planta cara tanto al real decreto que marcó el nuevo rumbo de la producción de renovables como la orden que fija las retribuciones. El BOE ya publicó la admisión a trámite de uno de los recursos de EGA.
Aunque la patronal de los promotores del viento siempre reiteró que lo fundamental era que la Xunta acudiera con la nueva ley del sector eléctrico -la que impulsa el real decreto y orden posteriores- al Constitucional, en su última asamblea decidió tirar de las herramientas a su alcance contra la reforma. El Supremo ya ha manifestado en pronunciamientos sobre otros asuntos que un gobierno no está obligado a seguir con una ley "por causas de interés general". "Si el Ministerio de Industria hubiera dictaminado directamente que no tenemos derecho a prima, poco se podría decir", explican desde EGA. Pero la clave de la retroactividad de la reforma energética no es esa. "Lo que ha dicho el Gobierno es que el derecho a primas se acaba porque teóricamente se debe compensar primas futuras por las cobradas en el pasado. Ése fundamento no es legal", aseguran los promotores, que intentan también tumbar la orden de retribuciones "porque los parámetros están plagados de aspectos técnicos incorrectos".
