En comunidades como Madrid utilizan desde finales del año pasado aviones no tripulados para atender emergencias. Todavía en fase de pruebas, los drones actúan en la capital en ambientes con altas temperaturas y humos contaminantes o tóxicos. La Xunta se propone emular el proyecto SOS-Drone del Ayuntamiento de Madrid, que permite disponer de vehículos no tripulados, aéreos, terrestres y acuáticos para situaciones de emergencia. Su utilización proporciona información para la toma de decisiones minimizando costes y riesgos humanos. La intención del Gobierno gallego es, una vez que la legislación que regula su uso se clarifique, adquirir el próximo año drones de vigilancia para situaciones de emergencia. Por el momento, dos robots serían suficientes para el uso que plantea darle la Administración autonómica y el coste de cada dispositivo oscilaría entre los 30.000 y 40.000 euros.

El director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, avanzó ayer que se trabaja con la previsión de adquirir drones de vigilancia para el uso común de las regiones transfronterizas de Galicia, Castilla y León y Norte de Portugal. Según detalló, en determinadas situaciones podría evitar recurrir al helicóptero o complementar su uso. Actuarían como un equipo de los Tedax cuando acuden a un lugar donde se sospecha que puede haber explosivos. Su misión: hacer una primera exploración del terreno en el que ha ocurrido una accidente para determinar su alcance, como puede ser el derivado de un problema de mercancías peligrosas o en una industria química, e incluso tratar de localizar a un desaparecido en un gruta rocosa, según apuntan fuentes de la Consellería de Presidencia.

No es el único uso que la Xunta pretende dar a estos vehículos no tripulados, cuya regulación aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de julio para así cubrir el vacío legal que existía hasta la fecha en su regulación. Otro de los fines de los drones en el que está interesado el Gobierno gallego es el control y prevención de incendios forestales. Aunque la Consellería de Medio Rural había previsto recurrir ya el verano pasado de forma experimental a estas aeronaves para controlar los posibles focos, finalmente aplazó su decisión a la aprobación de la normativa estatal.

Santiago Villanueva avanzó ayer que el proyecto transfronterizo de cooperación en materia de emergencias Ariem 112 se "reforzará" con 600.000 euros -el 75% aportado por la UE- y apostará por las nuevas tecnologías con medidas como un nuevo sistema de rastreo de personas a través del móvil y la adquisición de drones de vigilancia. De este modo, la Xunta planea implantar un sistema de búsqueda de personas basado en la geolocalización que permite el uso del teléfono móvil, mediante una aplicación que activaría el usuario cuándo y hasta el momento que considere oportuno, dejando un contacto de referencia, y que podría facilitar el rastreo, por ejemplo, de montañeros desorientados.