La Xunta no acude a la colaboración público-privada para financiar infraestructuras desde 2012, pero encima de la mesa tiene una propuesta del Consello de Contas para aplicar una regla fiscal que fije un techo de gasto para esta vía en función de la coyuntura económica y las restricciones fiscales, y que permitiría controlar la hipoteca que cada Gobierno pudiese dejar a sus sucesores. El departamento de Elena Muñoz reconoce que "tienen en cuenta" las aportaciones del organismo fiscalizador, al que solicitaron expresamente esta aportación, pero matiza que no se impulsará su aprobación a corto plazo ni se plantea ahora acudir al capital privado para financiar obras públicas.

Hace tres años, Contas emitió un duro informe contra esta fórmula de contratación, criticando el "abuso" a esta vía que traslada las inversiones presentes "a las próximas generaciones", permitiendo saltarse los corsés fiscales impuestos por el déficit público. Entonces, Facenda, en manos Marta Fernández Currás, hoy secretaria de Estado de Hacienda, solicitó al organismo fiscalizador un dictamen sobre "las posibles variables a considerar para el establecimiento de una regla fiscal que discipline la actuación de estas fórmulas de colaboración público-privadas en un entorno de restricciones al déficit y al endeudamiento". La Xunta cuenta desde hace dos años con esa fórmula matemática en su poder, pero acaba de hacerse pública. Su objetivo, alega Contas, radica en garantizar la "sustentabilidad" del sistema y evitar el uso de este mecanismo de contratación que "permite realizar inversiones públicas [...] sin que se vean afectados el déficit y la deuda pública presentes, trasladando la carga a presupuestos futuros".

En la actualidad, la Xunta cuenta con cinco contratos de concesión de autovías mediante canon de demanda (por uso) o disponibilidad (pago por calidad) -autovía do Salnés, do Barbanza, Celanova-Portugal, Santiago-Brión y la de A Costa da Morte, paralizada por problemas financieros- así como varios en sanidad, entre los que destaca el hospital de Vigo. Estas obras reciben un dinero anualmente de los presupuestos y suponen un gasto de 2.989 millones de euros hasta 2039.

La fórmula era vista como un maná para construir a plazos, pero la crisis bancaria y la restricción de crédito han derivado en "serios problemas" de financiación para las concesionarias y en un "encarecimiento" de los proyectos, cuando no en su parálisis.

Contas propone una fórmula para que el siguiente gobierno ponga un máximo si desea recurrir a la colaboración público-privada (CPP). "El importe de la inversión proyectada más el ya realizado a través de CPP, que no fuesen ya considerados activos públicos a efectos de su cómputo en el déficit y en la deuda pública, no podrán incrementar el cociente deuda pública/PIB en el porcentaje que se determine en función del ciclo económico y siguiendo criterios de prudencia", explica acudiendo a un porcentaje que este año sería del 6,3%. Analistas consultados por este diario cifran en alrededor de 600 millones de euros lo que se podrían invertir en 2014 entre proyectos nuevos y comprometidos de aplicarse esta fórmula. La cifra variaría cada ejercicio en función de la situación de las finanzas públicas y los proyectos en marcha.

Fuentes de Facenda recuerdan que el informe de Contas se publicó en 2012 y que desde entonces ha modificado la normativa para que cualquier proyecto de colaboración público-privada necesite con un informe preceptivo de sus técnicos y que el Parlamento sea informado, además de incluir información sobre estos compromisos en los presupuestos. "Aunque son avances importantes no resuelven la cuestión de fondo", alega Contas, que recuerda que en cualquier momento un gobierno podría decidir fomentar esta vía de contratación con tan solo autorización del Consello.