De "desafortunada", "perjudicial" y "decepcionante" califica Nieves Santomé, presidenta del Consello da Avogacía Galega, el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales, que pronto se verá en el Consejo de Ministros y que incluye límites a la cuota que pueden cobrar los colegios a sus miembros o la obligación de realizar auditorías de sus cuentas, entre otras responsabilidades que también la hacen "discutible" a los ojos de otros colectivos profesionales, como médicos, arquitectos o marinos mercantes.
José María Arrojo, presidente de la Unión Profesional de Galicia, que agrupa a 40 colegios de toda índole y a más de 50.000 profesionales, cree que, tal y como está ahora el anteproyecto, resulta "excesivamente intervencionista" para unas instituciones que disfrutaban de una "gran autonomía" y que "dieron servicio a la administración controlando las actividades profesionales".
Pero esta norma no solo interfiere con la "autonomía" de los colegios, sino que puede arriesgar su supervivencia. Así lo alerta Nieves Santomé, quien avisa de que, de aprobarse con las medidas que han trascendido hasta el momento, la ley "va a implicar la desaparición de muchos colegios y la merma de servicios que prestan a los colegiados". "Al no poder mantenerse económicamente, los profesionales que empiezan, que recurren más a sus servicios, serán los más perjudicados", señala.
Para Santomé, por ejemplo, resultaría gravoso a las entidades más pequeñas una auditoría externa, que conlleva costes "importantes" para organizaciones que muchas veces hacen "frente" a su hipoteca con las cuotas. "Se privaría de entidades que cumplen una función social y que además dan puestos de trabajo", enfatiza, y ese podría ser el destino de su colegio, Ferrol.
Luciano Vidán, presidente del Consello Galego de Colexios Médicos y decano del de A Coruña, cree asimismo que la restricción de la cuota -a un máximo de 240 euros al año a no ser por acuerdo por mayoría cualificada- no afectará a colegios "medianos o grandes", como el suyo, pero sí a los pequeños, que "pueden", admite, "tener problemas para mantener sus estructuras".
Razón de ser "garantista"
Además le parece "confusa" la referencia a la posibilidad de colegiarse en cualquier lugar. "La razón de ser de los colegios es que garantizan ante la sociedad que el que ejerce es médico y no un intruso", señala Vidán: "Por eso no se entiende que un médico que ejerce en Tarragona se colegie en A Coruña porque no se sabe qué hace allí".
Aunque estima adecuado que se regulen los colegios y aplaude que haya "transparencia en la gestión", pone peros. Desde las incompatibilidades que fija la norma, al "intervencionismo administrativo", pasando por el "espíritu" de la ley, ya que, dice, se mira "con desconfianza" a los colegios. Frente a la idea de "corporativismo", defiende que el cometido de un colegio médico es "garantizar a los ciudadanos ser tratados como corresponde desde el punto de vista científico y ético". En todo caso, espera a ver "cómo queda" la ley.
Antonio Maroño, decano del Colexio de Arquitectos de Galicia, ve aspectos "discutibles" en la norma. Su colectivo, dice, no está tan preocupado por lo que atañe al colegio en sí como a su profesión. Para empezar, señala, está "pendiente" el futuro de las reservas de actividad, es decir, si funciones que hasta ahora recaían exclusivamente en arquitectos se abrirían también a ingenieros con competencias en edificación.
Al respecto, Maroño defiende que su profesión va más allá de levantar edificios. "Además del patrimonio natural, el marco físico que nos identifica está hecho por arquitectos", subraya. Asimismo ve "discutible" que arquitectos que no firmen proyectos no tengan que colegiarse, porque, como Vidán, afirma que "no es ser corporativista, sino dar un servicio a profesionales, pero también una garantía al público".
Nieves Santomé cree reflejar "un sentir generalizado" entre los abogados cuando dice que le parece "inaceptable e injustificable que la Administración pretenda inmiscuirse de forma tan arbitraria en una organización democrática que no depende de ella". "Es una corporación que se mantiene con las cuotas de los colegiados y sus cuentas se someten a la junta general y el nombramiento de los cargos es democrático", objeta. "Nadie se opone una modificación, pero las medidas que propone el anteproyecto son realmente nocivas", concluye.
José María Arrojo, también delegado en Galicia del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, es igualmente crítico en lo que respecta a los efectos sobre su profesión. "Nos preocupa que desaparezca la colegiación obligatoria porque es garantía de que quien presta los servicios cumple los requisitos" para desarrollar una actividad que afecta a la "seguridad".
