La agenda de los responsables del Grupo Vendex en vísperas de las elecciones municipales de 2011 estaba repleta de citas. Bajo un epígrafe encriptado cuyas iniciales corresponden a las iniciales de los partidos (PP, PSOE, BNG o TG) y una correlación de inversiones asignadas a distintas ciudades (Ourense, Lugo, Santiago, A Coruña, Ferrol, Arteixo, Ribeira o Boqueixón), los documentos intervenidos al delegado de la empresa en Galicia, José María Tutor, y que tenían como destinatario a Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, el propietario de Vendex y cerebro de la trama, revelan el pago de "gratificaciones" a distintos dirigentes en ayuntamientos y diputaciones con los que la compañía tenía contratos. En estos papeles constan presuntos pagos de 6.000 euros al expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, otros 5.000 dirigidos al portavoz popular en el Senado, el lucense Xosé Manuel Barreiro, y 3.000 para el alcalde de Ferrol (PP), José Manuel Rey Varela. Barreiro es el único de los tres que no está imputado en esta causa.

La juez instructora, Pilar de Lara, trata de determinar si estos pagos se realizaron a título particular o si se trata de donaciones ilícitas para la financiación del partido al que representan. Para Vigilancia Aduanera, estas donaciones o regalos suponen el incumplimiento de la Ley de Financiación de Partidos Políticos y esconden un presunto delito de cohecho y blanqueo de dinero, según recoge el sumario de la Pokemon que amplía las imputaciones al alcalde de Ferrol y a José Luis Baltar, junto a otros 16 cargos públicos y empresarios. En el caso de Barreiro, dada su condición de aforado, la instructora de la causa no puede actuar directamente contra él.

La investigación de Aduanas revela una entrega de 3.000 euros a Rey Varela, pocos días después de los comicios locales de 2011, cuando todavía era concejal en la oposición. El pago lo hizo el delegado de Vendex en Galicia a través de un recibo de caja de Sermasa Coruña con el nombre de una persona posiblemente imaginaria -Pedro Pérez Ferreiro (PPF)- cuyas siglas tendrían el significado clave de PP de Ferrol. Los agentes de Vigilancia Aduanera concluyen que el ahora teniente de alcalde de A Coruña, Antonio Flores, también imputado en la causa, con colaboración de Diego Calvo, presidente de la Diputación de A Coruña, ayudaron a Tutor a contactar con "Josman", como se conoce a José Manuel Rey Varela, para darle unos "papeles", en alusión a la entrega de dinero.

En la lista de agasajados por Vendex también está José Luis Baltar, entonces presidente de la Diputación de Ourense, a quien los investigadores sospechan que la empresa pagó 6.000 euros solo dos días antes de los comicios locales.

Haz click para ver el gráfico ampliado

La operación Pokemon también salpica al portavoz del PP en el Senado. Hasta 5.000 euros habría recibido el también presidente provincial del PP en Lugo y vicepresidente de los populares gallegos el 20 de mayo de 2011, tan solo dos días antes de las elecciones municipales. Un informe de Vigilancia Aduanera así lo concluye a partir de los pinchazos telefónicos al delegado del Grupo Vendex en Galicia, José María Tutor Lemos.

Los investigadores enmarcan el posible soborno a Barreiro, que en 2006 disputó a Alberto Núñez Feijóo las riendas del PP gallego tras la derrota de Manuel Fraga en las elecciones de 2005, en la necesidad de la trama de Vendex de frenar una campaña de los populares lucenses en contra de la concesión de la ORA en la ciudad. Según Aduanas, el PP dejó de criticarla tras mantener el delegado de Vendex en Galicia dos reuniones con Barreiro, a quien apodaban El Chino.

Los pagos a dirigentes políticos "según la ciudad y el tipo de contrato iban desde los 3.000 a los 7.000 euros. Estas entregas se realizaban en concepto de "gratificación" a concejales (tanto del equipo del gobierno como de la oposición), alcaldes y presidentes provinciales, según el informe de la Agencia Tributaria. En la llamada "ruta del bacalao", definición utilizada por responsables de la empresa para referirse al reparto de dinero en ayuntamientos o diputaciones con los que los que Vendex tenía vigentes contratos, estaban los doce cargos públicos citados a declarar el lunes tras ser imputados por un presunto delito de cohecho por la juez Pilar de Lara. A ellos se suman seis responsables del entramado encargado del reparto de dinero. Para el mismo día y en calidad de testigos, están citados Diego Calvo, presidente de la Diputación de A Coruña; el socialista coruñés Manuel Amado Vázquez, y María Sol Fraga Eirís.

Según revelan las conversaciones telefónicas Tutor viajó a Madrid en mayo de 2011 y regresó a Galicia con más de 47.000 euros según concluye Aduanas, para repartir entre distintos cargos municipales de varias ciudades gallegas en las que Vendex tiene intereses.

Otras gratificaciones

En la lista de políticos a los que Vendex dio aportaciones de dinero también figuran el teniente de alcalde de A Coruña, el popular Julio Flores (5.000 euros); Ángel Espadas, mano derecha del entonces alcalde de Santiago Gerardo Conde Roa (5.000 euros), la entonces concejal socialista en Ferrol Mercedes Carbajales (4.000 euros) o el ya exedil del BNG en Ourense Fernando Varela (7.000 euros). Además Aduanas detectó el ingreso de 6.000 euros en una cuenta del BNG de A Coruña así como el pago de 3.250 euros al PSOE de la provincia. Vigilancia Aduanera también sospecha que hubo aportaciones de 3.000 euros en Ribeira y la misma cantidad en Boqueixón, aunque por el momento se desconocen sus destinatarios.

Para avanzar en la investigación, la juez instructora emitió ayer un auto en el que reclama al Ayuntamiento de Ferrol que facilite a Aduanas todos los concursos en lo que haya participado alguna empresa de Vendex, le hayan sido adjudicados o no desde el año 2010, así como los contratos vigentes o ya finalizados con el mismo grupo empresarial.

En el mismo auto, De Lara también hace un requerimiento a las sedes de PP, BNG y PSOE en las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol , Santiago, Ribeira y Boqueixón, así como a Terra Galega en Arteixo para que les facilite todos los datos contables de mayo a junio de 2011, el mes anterior y posterior a las elecciones. La juez también emite un oficio al Tribunal de Cuentas para que entreguen la contabilidad de los partidos en estas mismas ciudades.