La actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Galicia ha estado marcada en el último lustro por los recortes. Tanto la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Galicia (UPA) como las comandancias de la Guardia Civil han sufrido tijeretazos en sus presupuestos desde el inicio de la crisis. Los sindicatos denuncian la escasez de personal para hacer frente a la demanda ciudadana -en algunos casos con la reducción de las patrullas a la mitad-, el envejecimiento del parque móvil o la antigüedad de algunas instalaciones e incluso recortes en material de oficina.
La reducción de fondos llega a hasta el punto de que algunos agentes tienen que pagar elementos de seguridad de su bolsillo. En el caso de la policía autonómica denuncian que solo suele haber dos chalecos antibalas por cada vehículo, por lo que las patrullas que trabajan en los distintos turnos tienen que compartirlos y ante incidentes como un atraco -denuncian- en el que se necesitan refuerzos no hay chalecos para todos. Por eso, los que quieren tener su propio chaleco tienen que abonar como mínimo 400 euros.
Y lo mismo pasa con los guantes anticorte cuyo precio oscila entre los 100 y los 200 euros. "En cualquier empresa, ésta se hace cargo de los medios para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores, pero en este caso no", critican. Estas deficiencias en el material afectan sobre todo a los agentes de la UPA, ya que en la Guardia Civil como el acopio y el sistema de adjudicación se hace a largo plazo "se tarda también mucho en gastarlo". Los sindicatos de ambos cuerpos coinciden en denunciar la antigüedad de su flota de vehículos. El 75% de los automóviles de la Policía Autonómica son alquilados mediante el sistema de renting y se cambian cada cuatro años. Pero del otro 20%, algunos incluso superan los 15 años. En este sentido, fuentes sindicales aclaran que no sufre el mismo desgaste "el coche particular de un ciudadano que uno de estos que pueden hacer una media de 500 kilómetros al día". El desgaste del parque móvil también es uno de los problemas que detectan en la Guardia Civil. Si antes se cambiaban cuando llevaban 200.000 kilómetros recorridos ahora -explican- se espera a que lleguen a los 500.000, cuando las campañas de la DGT alertan de que el cambio se tiene que hacer antes de los 300.000 kilómetros para que la seguridad no se vea perjudicada. Y a veces cuando se relevan los vehículos se hace "por otros ya usados que vienen de otras provincias y se recolocan según las necesidades".
Los agentes de la UPA también critican las deficiencias en algunas comisarías, en concreto las de Ribeira, Ferrol, Lugo y Pontevedra, para las que piden de forma "urgente" una nueva ubicación para solventar los problemas de espacio de adaptabilidad de las instalaciones.
Para las organizaciones sindicales, lo "más grave" es la escasez de personal para garantizar la seguridad ciudadana. La plantilla de la policía autonómica recibió un importante refuerzo a finales de 2012 hasta llegar al medio millar de efectivos. Aunque los 2.500 agentes de la UPA y el Cuerpo Nacional de Policía que operan en la comunidad suponen el 90% del catálogo de puestos de trabajo -la cifra ideal que estima el Gobierno- las fuentes consultadas matizan que estos datos no se ajustan a la realidad. En su opinión, en la comunidad se necesitarían incrementar los efectivos en un 20% para atender a la demanda de una ciudadanía "que siente temor ante el aumento de la conflictividad a pesar de que las estadísticas de Interior reflejen lo contrario porque no se tipifican como delito casos que sí lo son". "Un robo de cuatro coches se contabiliza como un delito. Y en un robo con violencia si no hay lesiones se clasifica solo como hurto", añade.
En la Guardia Civil, por el contrario, no han recibido refuerzos en los últimos años y denuncian que la plantilla está "muy mermada". Aseguran que hay muchas vacantes desiertas y las plazas que salen cada año "no dan para cubrir las jubilaciones". "En cada comandancia hay entre cinco y diez puestos sin cubrir", afirman. Esta escasez de personal afecta a la labor diaria de los agentes debido a que las patrullas se han reducido a la mitad al pasar de una media de cuatro a dos.
Los efectivos alertan de que esta situación afecta de forma indirecta a la seguridad de los ciudadanos. Añaden que la opción de trabajar más horas para paliar la escasez de personal no es posible porque "no hay dinero para pagar las horas extra". Tampoco se permite la reagrupación de las patrullas para que sean más eficaces ya que "los concellos no están dispuestos a renunciar a su cuartel", lo que provoca que en la mayoría de los casos haya un guardia por puesto que "poco puede hacer" ante un conflicto grave.
