La construcción de la autovía de A Costa da Morte continúa en el aire. La Xunta había advertido a la concesionaria -una UTE liderada por Copasa- de la rescisión del contrato si antes de abril no retomaba las obras que llevan dos años paradas, si bien después amplió el ultimátum hasta agosto a la espera de que mientras tanto consiga la financiación necesaria para costear las obras.
El grupo parlamentario del PP mostró ayer su "plena confianza" en que la UTE consiga sacar adelante la infraestructura, "pese a las dificultades para obtener financiación", por lo que rechaza que la Xunta anule el acuerdo con la concesionaria y ejecute los trabajos con fondos propios. El diputado popular Alejandro Gómez confía en que la concesionaria "cierre un acuerdo con los bancos" para obtener los recursos necesarios para ejecutar esta obra.
Se trata del primer contrato público-privado para la puesta en marcha de una gran infraestructura en Galicia -donde la adjudicataria adelanta el dinero- que ya debería estar en funcionamiento el año pasado y de la que solo se ha construido el 20%.
La obra costará a la Xunta 745 millones de euros, si bien es la empresa la que debe anticipar el dinero que luego cobrará de las arcas públicas, y de ahí los problemas. Hicieron falta tres licitaciones y todavía hoy no está garantizada la ejecución de un proyecto que nació tras el accidente del Prestige para compensar a una de la zonas más dañadas por la marea negra pero que apenas suma una población de 80.000 habitantes.
