El PP rechazó ayer que la Xunta abra los comedores escolares durante los meses de verano para atender, con cargo a sus fondos, a los niños con menos recursos y así paliar la pobreza infantil, alegando que esa medida favorecería su estigmatización social. A cambio, los populares pactaron con la oposición que el Ejecutivo ceda a los ayuntamientos el uso de las cocinas de esas instalaciones para preparar comidas y luego distribuirlas entre este colectivo.
El diputado popular Román Rodríguez justificó su negativa para que "no se generen posibles efectos de discriminación" hacia las familias y los niños que necesitasen acudir a los comedores en verano, evidenciando sus problemas económicos. "Lo que quieren las familias afectadas es precisamente que se visibilice el problema y le dé solución", rebatió el parlamentario de AGE Ramón Vázquez, defensor de la iniciativa original.
A cambio, el PP propuso un texto alternativo que la oposición aceptó. Su propuesta pasa por instar a la Xunta a "llevar a cabo las medidas necesarias para evitar que ningún niño carezca de alimentación o sustento necesario por estar su familia en situación de vulnerabilidad, poniéndose en marcha convenios con los concellos interesados para usar las instalaciones de los centros educativos en colaboración con los servicios públicos de bienestar". Es decir, se podrán ceder las cocinas para preparar alimentos y luego distribuirlos. Pero los niños no acudirán a comer al colegio para que no sean señalados con el dedo.
La redacción no deja claro si esa colaboración con los servicios públicos se refiere a los de la Xunta, lo que permitiría a los concellos reclamar ayuda económica, que, de otra manera, asumirían en solitario.
"Es mejor utilizar otros mecanismos de gestión de este servicio que no generen efectos de excesiva visibilidad para los alumnos y que posibiliten que las familias puedan tener alimentos en sus casas", argumentó Román Rodríguez durante la sesión plenaria.
Por su parte, la socialista Carmen gallego reclamó un "plan de actuación inmediata contra el riesgo de pobreza y exclusión social" que afectan a los niños, una línea a la que se sumaron Cosme Pombo (BNG) y Carmen Iglesias (grupo mixto), según informa Europa Press.
La Risga, en plazo
Los grupos también pactaron pedir a la Xunta que agilice la tramitación del cobro de la Renta de integración social de Galicia (Risga), así como otras ayudas, después de que la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, reconociese demoras excesivas en este aspecto que la oposición cifró en ocho meses. La ley establece un máximo de dos para resolver el cobro de este cheque social de unos 400 euros. El acuerdo solicita al Ejecutivo autonómico "adecuar el tiempo [de tramitación] a los plazos que marca la normativa vigente".
