Siete concejales del ejecutivo local de Santiago han sido condenados a nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por decidir en junta de gobierno sufragar con cargo al erario la defensa de un compañero imputado en la Operación Pokemon, han informado fuentes judiciales.
El fallo se conoce después de que el 19 de mayo estos ediles del Partido Popular se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en esa reunión celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar de esta manera la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado.
El magistrado sostiene que los siete ediles "injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad, obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando, todo ello en beneficio exclusivamente particular con el fin de favorecer a un compañero de la Corporación imputado por varios delitos contra la Administración pública".
La sentencia sostiene que los concejales compostelanos "fueron en todo momento sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho". Además, el fallo rechaza "que cualquier miembro de la Corporación del Ayuntamiento de Santiago no supiese nada el 30 de mayo de 2013 absolutamente nada acerca de las imputaciones del concejal de Deportes y la famosa operación Pokémon, tan socialmente relacionada al ámbito de corrupción en el seno de la política. No obstante, aclara el juez que "sufragar con las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por un delito de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental no entra dentro de los parámetros en defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo".
La decisión de costear la defensa de Adrián Varela se adoptó después de una solicitud del concejal de Deportes, pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que su abogado en la causa judicial que dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo y en la que está imputado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, se costease con otros medios que no fuesen los suyos propios.
Los concejales juzgados, y ahora condenados, son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya, y todos ellos, a lo largo del proceso, han insistido en defender su inocencia.
Su acuerdo en la mencionada junta de gobierno fue denunciado por una particular, y, desde entonces, la Fiscalía siempre mantuvo su petición de nueve años de inhabilitación al entender que no habían defendido lo público.
Contra este fallo cabe recurso y el gobierno local estudiará los pasos a dar, han señalado fuentes municipales. Uno de los concejales condenados, Francisco Noya, tenía previsto ofrecer hoy una rueda de prensa a las doce para presentar la campaña 'Vive o verán', pero fue sustituido por una técnico.
El ejecutivo local, bajo el mandato de Ángel Currás, ya vivió la dimisión del que era concejal de Tráfico Albino Vázquez, imputado en el caso Pokemon por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias, así como la salida de Paula Prado, diputada autonómica y actual portavoz del PPdeG, salpicada, aunque no imputada, por la Operación Pokemon.
La titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, instructora de esta causa, ordenó abrir una pieza separada sobre la portavoz del PPdeG, Paula Prado, y preguntar al Ministerio Fiscal si procedía elevarla al TSXG por su condición de aforada al ser diputada autonómica.
La magistrada basa su petición en informes de Vigilancia Aduanera durante la etapa de la número tres de los populares gallegos en el Ayuntamiento de Santiago, en los que se aprecian "varias irregularidades que pudiesen ser constitutivas de infracción penal", entre ellas el pago de una factura por la representación del espectáculo 'La abeja maya', que estaría inflada para beneficiar a un empresario imputado, Jesús Fuentes.
La jueza también atribuye a la portavoz del PPdeG su presunta participación en "influencias", junto con otros dos concejales imputados y ya fuera de la corporación, Albino Vázquez y Adrián Varela, así como el entonces jefe de gabinete del exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas, para "beneficiar económicamente a su marido" en su actividad de venta de materiales textiles a varios ayuntamientos.
Paula Prado compareció como testigo y su declaración continúa bajo secreto.
El regidor Ángel Currás (PP), que relevó a Gerardo Conde Roa, la persona que cogió el bastón de mando en 2011 y que se marchó al ser acusado por un fraude fiscal por el que luego fue condenado, está imputado por la supuesta comisión de tráfico de influencias en el marco de la operación Pokemon.
Esta investigación persigue desmontar una presunta trama corrupta que se gestaría a través de adjudicaciones de las administraciones locales a empresas, principalmente al Grupo Vendex.
