El PP evitó ayer con su mayoría absoluta que prosperase la petición unánime de la oposición para que el Consello de Contas fiscalizase con auditorías específicas aquellos concellos que cuentan con cargos imputados en causas judiciales y así poner su lupa "sobre los servicios relacionados con las áreas en las que tienen responsabilidad" esos políticos o técnicos bajo sospecha.

La propuesta partió de AGE, cuyo diputado Ramón Vázquez recordó que 26 municipios gallegos cuentan con algún imputado en causas como Pokemon, Patos, Manga, Campeón Orquesta, "siendo los de Lugo y Santiago casos especialmente sangrantes, donde prácticamente no quedan servicios sin privatizar", según informa Europa Press.

Los populares invocaron la separación de poderes para descartar ese extra fiscalizador. "Donde hay investigaciones abiertas se debe respetar y dejar actuar a la justicia, ya que está por encima del Consello de Contas", alegó en comisión la diputada Herminia Pouso.

Fue el único punto donde se no se alcanzó el consenso para vigilar con mayor detenimiento los servicios públicos. Los grupos acordaron fiscalizar de manera expresa "los servicios públicos de las administraciones locales que se prestan en modalidad de gestión indirecta, es decir, aquellos externalizados o privatizados", lo que, según ha explicado en varias ocasiones AGE, aumenta el riesgo de corrupción. Su diputado Ramón Vázquez criticó ayer también este modelo porque resulta más caro, según indica un informa que citó del Tribunal de Cuentas. Como ejemplo puso la limpieza viaria, que es "un 76% más caro" en manos privadas.

Los partidos también acordaron que el organismo fiscalizador que preside Xesús Palmou analice la "evolución de la situación financiera de Sogama", tras la decisión del Gobierno central de suprimir las primas a las renovables que reducirá su principal fuente de ingresos a través de la venta de energía. Por ello, la Xunta decidió aumentar el canon que la empresa cobra a los municipios por tratar su basura.

El informe de Contas no se quedará ahí, sino que también indagará "si la gestión de residuos se ajusta a los principios establecidos", como reclamó Francisco Jorquera (BNG).

A propuesta del PP, Contas también medirá los métodos de contratación y las bajas laborales de los organismos públicos, una radiografía que, en opinión de Vázquez, busca argumentos para aplicar recortes. Además, los partidos pidieron a Contas que aproxime la realización de informes al ejercicio fiscalizado y analice el endeudamiento de la administración.