"El conflicto no acabó y mientras no se arregle de todo el problema nuestra plataforma seguirá adelante", comentó ayer el portavoz de la plataforma de Baixo Miño, Julio Vicente, una de las organizaciones más activas y constantes en las protestas para exigir el dinero de preferentes y subordinadas.

"No todo el mundo recuperó hasta el último céntimo, hay casos en que no se ha llegado a un arreglo, y hay demandas judiciales por resolver. En muchas situaciones la devolución no es del 100%", comenta Vicente, que considera que algunas agrupaciones actúan de modo individual: "el sábado tenemos una reunión de la coordinadora y creo que la decisión debería hablarse en dicho encuentro".

Tanto las reclamaciones por la vía judicial como las "multas interpuestas a los afectados durante las protestas" son los dos principales motivos por los que la plataforma de Baixo Miño creen que debe continuar hasta el final, en solidaridad con los que todavía esperan una solución. Consideran "injustas" las multas, que en su conjunto ascienden a unos 20.000 euros, pero "alcanzan los 1.000 e incluso 3.000 por persona". "Queremos buscar una solución porque no es justo que por protestar tengan que pagar los que salieron a la calle", apunta.

Compostela sigue adelante

Lo mismo opina en el caso de las sanciones Jesús Domínguez, de la plataforma compostelana: "si no se consigue un acuerdo por los tribunales las infracciones deberían ser abonadas entre todos los afectados". Según Domínguez, en Santiago quedan "unos 20 juicios pendientes".