De siete años de prisión a uno y tres meses. De cuatro años y nueve meses a tres años. De cuatro años y seis meses a tres. Estas son las rebajas de condenas que el fiscal solicitó ayer para los tres principales acusados por la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, durante sus conclusiones finales. Además, retiró los cargos contra el alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo.

De los 23 imputados en el macroproceso, el fiscal solo quitó la imputación a Raposo, quien escuchó emocionado y con lágrimas en los ojos las conclusiones del fiscal. "Pensé que el trabajo de 28 años se podía desmoronar en un momento", declaró a la salida.

El principal acusado en el juicio es el exsubdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, para el que inicialmente el fiscal solicitaba siete años de prisión y 22 de inhabilitación para ejercer cargo público. Finalmente, la pena la rebajó a un año y tres meses por delitos de falsedad y tráfico de influencias y cuatro años y cuatro meses de inhabilitación para el ejercicio de la función pública o de cualquier cargo, por los delitos de prevaricación, falsedad y tráfico de influencias. También pide para Otero el pago de una multa de 750 euros.

El fiscal rebajó la pena al exsubdelegado del Gobierno por varias "circunstancias atenuantes" y por presentar "escritos en orden a satisfacer la responsabilidad civil" de los hechos que se le "imputan".

También está acusado el exjefe provincial de Tráfico, Julio González. En un principio pedía para él cuatro años y nueve meses de prisión, y en sus conclusiones definitivas solicitó una pena de tres años por un delito continuado de falsedad y nueve de inhabilitación para ejercer como funcionario de la Dirección General de Tráfico, por esa misma imputación y por un delito continuado de prevaricación.

En el caso de la funcionaria que ejercía como jefa de la Unidad de Sanciones, María Consuelo Fernández Mouriño, que se enfrentaba inicialmente a una pena de cuatro años y seis meses de cárcel, el ministerio público pidió tres años y dos de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo en la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de falsedad.

En cuanto a la responsabilidad civil de los tres principales acusados en la causa, el fiscal determina que Jesús Otero, Julio González y María Consuelo Fernández "deberán pagar a partes iguales y solidariamente" la cantidad de 27.408 euros a la Administración del Estado. Para el exdeán de la catedral, Luciano Armas, requirió seis meses de prisión, al igual que para el exgerente del hospital y exparlamentario autonómico Miguel Ángel Fernández. Por delitos de tráfico de influencias, el Ministerio fiscal solicitó tres meses para el que fuera concejal de Seguridad Ciudadana de Lugo, José Rábade, y para el exdelegado de Cultura de la Xunta en el bipartito, Juan José Molina.

Para el alcalde de Muras, Issam Al Nagm, y para el exalcalde de Meira, Antonio de Dios, solicita seis meses de prisión y tres años de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público, por un delito de tráfico de influencias, en los que inicialmente solicitaba más de un año de cárcel, así como el pago de una multa de 380 y 600 euros, respectivamente.

También fue imputado por un delito de tráfico de influencias el diputado autonómico del PSdeG José Ramón Val Alonso, para quien el fiscal pide una pena de un año y tres meses de prisión.