La Policía Judicial de Tui sospecha que al menos 143 personas fueron seleccionadas a dedo entre 2010 y 2013 desde el Concello de Porriño para ser contratados a cargo de los planes de colaboración social, programas de empleo para colocar a parados que reciben la prestación o subsidio de desempleo, saltándose las listas de espera del Inem (Instituto Nacional de Empleo). La supuesta irregularidad era cometida por un funcionario del Inem, imputado en la Operación Multiusos, pero por "indicación desde el Ayuntamiento". Además no todos cobraban lo que les correspondía. En el informe de la Policía Judicial de Tui, encargado por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Porriño, se calcula que durante cuatro años, entre 2010 y 2013, hubo contratados con cargo a los planes de colaboración social, que se repartieron 399.828 euros de más, mientras que otros percibieron de menos 206.779 euros.

Bajo el epígrafe de "tráfico de influencias en la contratación laboral en el Ayuntamiento de Porriño", el equipo de la Policía Judicial adscrito a la investigación de la Operación Multiusos, relata que José Manuel Cabanelas, que entonces era funcionario en la oficina del Inem en Porriño y había sido edil con Nelson Santos, asignaba "directamente" trabajadores a ofertas de empleo "antes de realizar la búsqueda en el sistema", es decir sin acudir a la lista de demandantes de empleo ordenada por antigüedad. Esto solo está permitido en ofertas de empleo para empresas, pero no para cubrir puestos en administraciones públicas, salvo contadas excepciones, como por ejemplo víctimas de violencia de género.

Para la Policía Judicial, cabe pensar en "una manipulación sistemática" de las ofertas de empleo y señalan que José Manuel Cabanelas, que fue dirigente de Ciudadanos por Porriño, partido liderado por Nelson Santos antes de integrarse en el PP, actuaría en connivencia con el Concello. Fundamentan su sospecha en las declaraciones de la exdirectora del INEM en Porriño, que declaró que Cabanelas "seleccionaba para los trabajos de colaboración social a las personas que se le indicaban desde el Concello". Esta exdirectora denunció estas supuestas irregularidades y sostiene que fue cesada de este cargo precisamente por no hacer la vista gorda.

Además se tomó declaración a parte de los contratados que confesaron que "para ser ser seleccionados previamente habían hablado con personal del Ayuntamiento" y señalan al propio alcalde Nelson Santos y algunos ediles.

La presunta irregularidad no termina ahí. El informe de la Policía Judicial también advierte de anomalías en el pago de las nóminas. El Concello de Porriño debía abonar la diferencia entre la prestación o el subsidio por desemplo hasta el importe total de la base reguladora. Pero se detectó que "la práctica habitual era el pago de la nómina sin tener en cuenta la base reguladora, con lo cual algunos trabajadores percibían cantidades muy superiores a las que les corresponde, y otros por el contrario cantidades inferiores". Además la Policía Judicial ignora el sistema elegido por el Concello para fijar el sueldo de cada trabajador porque "los importes son distintos para todos". Ignora que "conceptos rigen o bien si es una cantidad estimada por la persona encargada del pago".

Eso sí, para la Policía Judicial "no cabe duda que la decisión de los importes de las nóminas implica no solo al alcalde sino también al (teniente de alcalde) José Manuel Jacobo, quien según varios trabajadores les notificó que por cambios en la legislación iban a cobrar menos, así como a Manuel Alejandro Lorenzo, edil de Empleo".

El informe remitido a la juez que lleva la Operación Multiusos, en la que se investigan supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y vulneración de los derechos de los trabajadores, expone el caso de un trabajador que cobraba 550 euros al mes "cuando según el informe del INEM debería percibir unos 1.086,69 euros". Otro ganaba 640 euros cuando debía recibir mensualmente 1.078,5 euros.

Relata hasta siete casos pero también observa que los trabajadores "temen declarar en contra de los gestores del Ayuntamiento, ya que creen que nos les volverán a contratar". Son "personas que por su estado de necesidad económica son más vulnerables, y aceptan cualquier trabajo sin percatarse del abuso al que les someten", concluye el informe.