El guión se repite. Antonio González Marín, el que fuera presidente de Adif de 2014 a 2012, y el director de Seguridad en la Circulación del ente cuando se abrió la línea del siniestro, Andrés Cortabitarte, se han acogido a su derecho de no declarar ante el juez Aláez que instruye el siniestro del Alvia en los juzgados de Santiago.

Ya el lunes y martes el resto de los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario de entonces imputados por el juez Aláez por el siniestro del Alvia han optado por guardar silencio. Son ya nueve los exvocales del consejo que desfilaron ante el magistrado desde el pasado viernes solo para dejar constancia de que se acogen a su derecho a no declarar.

Porque ayer imitaron a los cuatro excargos precedentes otros cinco imputados: Carlos María Juárez y Javier Hurtado, que fueron directores de gabinete de José Blanco, y el primero también director general de Infraestructuras Ferroviarias hasta 2011; Gerardo Luis Gavilanes, subdirector general de Estadísticas de Fomento; Mercedes Rodríguez, subdirectora general de Administración y Gestión Financiera de Fomento, y Carlos Bartolomé, Jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Carreteras de Fomento.

La defensa de cuatro de ellos -excepto de Juárez- explicó que sus representados se acogían a su derecho a no declarar hasta que el juez les "dé traslado" de la documentación del caso para analizarla y hasta que se resuelvan los recursos presentados contra su imputación por la Audiencia. Fuentes de Adif indicaron que las defensas de los once eximputados por el siniestro en el que fallecieron 79 personas habían coincidido en recomendar esta estrategia a sus clientes.

Julio Santos, uno de los abogados del maquinista del Alvia, lamentó el mutismo de Adif, que se empeña en "no colaborar". La "actitud" de estos excargos, subrayó, es la opuesta a la de su cliente, que "se prestó a colaborar con la instrucción" desde el principio. Admite que es lícito que los imputados tengan una "serie de privilegios", aunque "otra cosa", dijo, "es estar de acuerdo ética o moralmente". Además apuntó que ve en esta decisión una "estrategia" de Adif para prolongar la instrucción hasta el cambio efectivo de juez.