Los siete ediles de Santiago imputados por presunta prevaricación se han presentado esta mañana en los juzgados de Santiago. Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Castelao, Francisco Noya, Luis García Bello y María Pardo acudieron puntuales a la citación, a las 10.30h, y acompañados por el alcalde de Santiago, Ángel Currás. En el exterior del juzgado se congregaron decenas de personas que increparon a los concejales. El regidor compostelano atendió a los medios a su llegada, donde reiteró la inocencia de sus compañeros en el ayuntamiento.

En los primeros minutos de la vista, el juez tumbó la petición de la defensa para suspender el juicio al no localizar a una testigo que pedía la defensa.

Los ediles del PPdeG se enfrentan a nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por dar asistencia jurídica a costa del Ayuntamiento a un miembro de la corporación, Adrián Varela, imputado en la Operación Pokemon.

A lo largo de la sesión los siete concejales han coincidido al destacar la legalidad del acuerdo de pago a Adrián Varela, y se desvincularon de la "literalidad" del mismo alegando que "no redactamos actas", anulando así su responsabilidad. Ninguno de los acusados de prevaricación ha declarado ser "amigo" de Varela, sino que se han distanciado de él alegando mala relación o discrepancias.

La primera en declarar ha sido la concejala de Personal del Ayuntamiento de Santiago, Amelia González, quien justificó el acuerdo de la junta de Gobierno y ha discrepado con el fiscal sobre el informe del secretario en el que los ediles se escudan para justificar su actuación.

En este sentido, ha garantizado que se tomó la decisión de pagar la defensa de Adrián Varela --algo a lo que él posteriormente renunció-- teniendo en cuenta "todos los condicionantes" planteados por el secretario municipal y ha afirmado que entendía todos ellos.

El siguiente en declarar fue el concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Santiago, Juan de la Fuente, quien ha reconocido que "en el momento" en el que se aprobó pagar la defensa de Varela no se daban los condicionantes necesarios para tomar esta decisión, aunque ha asegurado que lo aprobado era el "derecho" a recibir este pago si, en el futuro, se cumplían.

En relación a algunos de los condicionantes, que impiden pagar la defensa a ediles implicados en casos de corrupción, Juan de la Fuente ha señalado que no puede "relacionar" la 'Operación Pokémon' con "corrupción", dado que únicamente conoce "cosas por los medios" que "no siempre se corresponden" con la realidad.

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Santiago, Cecilia Sierra, ha asegurado que "conocía vagamente" las imputaciones que pesaban sobre el edil Adrián Varela por su implicación en la 'Operación Pokémon', pero que el acuerdo para el pago de su defensa establecía que debería "reembolsar" el dinero en caso de no ser declarado inocente.

Durante su declaración, Sierra ha garantizado que en la junta de gobierno se les explicó que "el informe era favorable".

Según ha sostenido Cecilia Sierra, los integrantes de la junta de gobierno no son los que analizan estos condicionantes, sino que lo hace el secretario, y el acuerdo aprobado "está condicionado", algo que se "reflejó" en lo transcrito.

La portavoz del gobierno de Santiago de Compostela, María Pardo, ha asegurado que "no era el momento administrativo oportuno" para analizar si se cumplían los condicionantes legales para aprobar el pago de la defensa, aunque ha sostenido que la solicitud de este pago fue "un error político enorme".

Pardo ha defendido su legalidad y ha señalado que la "voluntad" del acuerdo era cumplir estos condicionantes. Así, ha justificado que esto no aparezca en la literalidad del documento alegando que no lo redactan los concejales, sino técnicos.

Al mismo tiempo, la portavoz del gobierno local se ha encarado con el fiscal para rechazar "prejuzgar" al edil Adrián Varela, y ha asegurado que considera que los delitos que se le imputan en la 'Operación Pokémon' "son en el ejercicio de su cargo hasta que haya sentencia".

Finalmente, Pardo ha reconocido que su relación con el concejal Adrián Varela, hasta el momento de los hechos, era "mala", pero que en estos momentos es "muy buena".

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Santiago, María Castelao, ha asegurado que "no dudó" en ningún momento de la legalidad del acuerdo. Ha indicado que se aprobó el pago a la espera de que se cumpliesen los condicionantes, como "un futurible".

Asimismo, y antes de abandonar la sala alegando un problema médico, Castelao ha reiterado, como sus compañeros de filas, que el acuerdo estaba supeditado al cumplimiento de los condicionantes. La concejala se encontraba enferma y de baja.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santiago, Francisco Noya, ha asegurado que la junta de gobierno local "no adoptó un acuerdo de barra libre" en lo relativo al pago de la defensa de Adrián Varela, y que la decisión se produjo tras un "pequeño debate", aunque consideraron que era "conforme a derecho". Ha insistido en que tal como redactaron el acuerdo ya entendían que estaba condicionado a los requisitos fijados por el secretario y que continúa pensando que se ajusta a derecho. "Cada uno puede plantearse si es inoportuna (la petición de Varela) o pensarlo en su foro interno porque otros en su situación no lo pidieron, pero es decisión de él", expuso.

Sobre su relación con Adrián Varela, Francisco Noya ha indicado que "no era de los que más confianza tenía" con él debido a "discrepancias en general".

El concejal de Seguridad Ciudadana de Santiago, Luis Bello, ha señalado que se está "sacando de contexto" el hecho de que el acuerdo se tratase como asunto "de urgencia" a pesar de que todavía no se conocían las causas de su imputación. Bello ha indicado también que el acuerdo se supeditó a los condicionantes.

Los siete ediles procesados en este caso han prestado ya declaración en la vista durante tres horas, desde las 10,45 horas.

Sobre las 14.00 horas, una vez concluida su declaración, ha salido del edificio judicial el alcalde, Angel Currás, que había acudido a apoyar a los ediles.

Tras un receso de dos minutos, la sala analiza inició el análisis de las pruebas y los testimonios de las personas citadas como testigos.

En esta ronda, Inmaculada Viña, la actual interventora de apoyo del concello santiagués cree que la decisión "adolece de un informe preceptivo fundamental" de la intervención porque un supone un gasto para las arcas locales, y añadió que en la literalidad del acuerdo "no hay condicionantes".

Por su parte, Juan Salguero, secretario del pleno y director de la asesoría jurídica expuso que "el acuerdo es conforme a derecho y está sujeto a los condicionantes del informe jurídico que, para mí, forma parte del acuerdo literal".

Ante la pregunta de si es legal el acuerdo contestó: "En mi conciencia sin ninguna duda". Salguero sostiene que si luego Valera no cumpliese condiciones para que le paguen la defensa, como ser declarado culpable, podría revertirse.

La vista concluyó pasadas las 17:00 horas. Los siete ediles renunciaban a su derecho de última palabra. La Fiscalía alegaba que los concejales de Santiago de Compostela cometieron un delito de prevaricación porque el acuerdo de la Junta de Gobierno no está condicionado de manera expresa. Además, el Ministerio público destaca que se trata de pagarle la defensa a una persona involucrada en un caso de corrupción en el que antepusieron "el interés particular al público" y debían dejar bien claro "qué se podía pagar con dinero público y qué no. Y no lo hicieron".

Frente a esto, la defensa de los siete ediles compostelanos alega que existen varias interpretaciones como manifestaron algunos testigos sobre la decisión, lo cual "hace imposible que se incurra en un delito de prevaricación". Además, afirma que consideran que en el acuerdo de que se pagara la defensa de Adrián Varela, aunque literalmente no se manifestase que decía estar condicionado con los tres supuestos, sí que dice que tiene que cumplir la legalidad.

El juicio queda visto para sentencia. El fallo se conocerá en breve, aunque no hay un plazo concreto.