El tráfico en O Salnés es un 40% inferior a la previsión recogida en el contrato

A la Xunta se le acumulan los problemas con las autovías. Al igual que las vías de altas prestaciones, antaño se dibujaban por toda Galicia hasta crear una tupida malla. Pero no todas, ni mucho menos, consiguieron superar la fase del papel. Y de las que se construyeron, la de O Salnés y de Barbanza están en la cuerda floja y en riesgo de quiebra. Pero hay otra autovía con problemas mayores, es la de la Costa da Morte. Va por su tercera licitación y sin que actualmente esté garantizada siquiera su ejecución porque la adjudicataria no es capaz de conseguir financiación para pagar las obras, que llevan paradas 18 meses. Esta vía costará 745 millones de euros a las arcas públicas y solo para dar cobertura a una población de 80.000 habitantes, cuando el nuevo Hospital de Vigo, presupuestado en 1.100, atenderá a 450.000 pacientes y funcionará como centro de referencia para un total de 900.000. Y mientras la Xunta sostiene que la Costa da Morte se acabará en esta legislatura, no pone plazos para convertir en autovía la vía rápida de O Morrazo, por la que circulan hasta 14.500 vehículos de media al día y a la que se tuvo que hacer reformas para mejorar su seguridad.

El proyecto nació a raíz del accidente del Prestige -en noviembre de 2002-, como una forma de compensar a la Costa da Morte por la marea negra y mejorar las comunicaciones de una zona aislada. Aunque inicialmente fue diseñada como una vía de alta capacidad, posteriormente se convirtió en autovía y la primera fecha oficial para su puesta en servicio era 2010. Pero el proyecto, como si estuviera maldito, no acaba de arrancar. Es como si el destino se empeñara en llevarla a ninguna parte. Y tampoco, pese a las dificultades, nadie ha osado anular una carretera para la que tampoco hay una excesiva demanda, pues arrancando en Carballo para terminar en Berdoias (Vimianzo) -42 kilómetros-, cubrirá la necesidades de una población que no supera los 80.000 habitantes, contando también los municipios del área de Fisterra.

Las obras llevan más de año y medio paralizadas porque la sociedad adjudicataria -encabezada por Copasa, junto con Covsa, Taboada y Ramos y CRC Obras y Servicios- no encuentra financiación para sufragar las obras. Y a estas alturas aún sigue sin encontrar fondos. Los bancos no le dan crédito. Es como si tampoco creyeran en el proyecto.

El contrato exige que sea la empresa la que tenga que conseguir por adelantado el dinero para realizar las obras, presupuestadas en unos 200 millones de euros. Pero solo ha ejecutado trabajos por 40 millones -el 20%-, por lo que aún debe captar en los mercados otros 160. Y mientras no se cierre la operación, las máquinas no trabajan.

La Xunta solo comenzará a pagar cuando la sociedad le entregue la autovía terminada y lista para abrirla al tráfico. Entonces abonará un canon anual durante durante 25 años que costará a las arcas autonómicas 745 millones de euros, plazo en el que empresa se encargará de mantener la vía en las condiciones óptimas de circulación y seguridad.

La cantidad es ligeramente inferior a la cuantía total que tendrá que pagar la Xunta por la construcción y mantenimiento durante 20 años del nuevo hospital de Vigo, cifrada en unos 1.100 millones, pero con la diferencia de que atenderá a las 450.000 personas del área sanitaria viguesa y de que servirá como centro de referencia en determinadas especialidades para un toral de 900.000 pacientes.

La Consellería de Medio Ambiente había dado de plazo hasta abril para que la sociedad concesionaria encontrara la financiación pendiente, bajo la amenaza de rescindir el contrato. Pero el ultimátum se ha extendido hasta el verano. Si al final no es así, al Gobierno gallego podría asumir las obras o, en último caso, renunciar al proyecto.

Pero aún así, el Ejecutivo sostiene que la autovía, en su primer tramo entre Carballo y Baio -que supone el 60% del trazado- se puede terminar en esta legislatura. Sin embargo, para otras conexiones donde sí existe mayor demanda de uso, no hay un calendario fijado, como es el caso de la conversión en autovía de la vía rápida de O Morrazo, para la que sí existe una fuerte demanda. Por ella transitan al día 14.500 usuarios, sin contar los 8.000 que utilizan la PO-551 que discurre por la costa.

Aunque la Costa da Morte nació en la etapa de Fraga, fue el bipartido quien la licitó y adjudicó en 2008 por unos 600 millones, ya reconvertida a autovía. Se colocó la primera piedra y nada más, porque la concesionaria exigió un incremento presupuestario del 30%. La Xunta de Feijóo, ante esto, rescindió el contrato y la volvió a licitar, pero la mesa de contratación eligió la oferta más cara, de 979 millones de euros. El PSOE denunció un sobrecoste de 400 millones y otra empresa candidata la llevó el proceso a los tribunales -que luego retiró-, por lo que se procedió a una nueva licitación al declarar la Xunta desierta el concurso y, de paso, llevarse por delante a la directora xeral de Infraestructuras y presidenta de la mesa de contratación. Y en la hasta ahora definitiva adjudicación, la autovía se fue para la UTE encabezada por Copasa. Pero la autovía sigue sin ir a ninguna parte.