La Audiencia de A Coruña desbloquea el "caso Prestige" para recurrir al Supremo

Ante los problemas para notificar la sentencia al capitán, da por cerrado el proceso con la entrega a su procurador

Mangouras, en el juicio.  // Efe

Mangouras, en el juicio. // Efe

R. PRIETO | A CORUÑA

El caso Prestige retoma su travesía judicial. Y lo hace justo seis meses después de que la Audiencia de A Coruña dictase sentencia sobre la mayor catástrofe ambiental en aguas de Europa. Desde el 13 de noviembre del año pasado, cuando el tribunal de A Coruña eximió del pago de daños y de la pena de prisión a los tres únicos imputados en la causa ( el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras; su jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector de la Marina Mercante, José Luis López-Sors), el proceso estuvo paralizado a la espera de notificar a todas las partes el fallo para así poder emplazarlas a presentar los correspondientes recursos el Tribunal Supremo para intentar dar la vuelta a la sentencia absolutoria.

Ante los problemas de la Justicia española con Grecia para notificar el auto a Mangouras, la única de las partes que todavía a día de hoy no ha firmado el fallo, la Audiencia de A Coruña se ha visto obligada a forzar el desbloqueo del proceso dando por notificado el auto al haberlo hecho ya en un principio a su procurador. La ley así lo permite para situaciones "anormales" como esta, según apuntan fuentes jurídicas. "Si alguna de las partes se demora en la firma de la sentencia, se puede considerar notificado por el procurador", explican.

El siguiente paso de la Audiencia de A Coruña será emplazar a las partes para que presenten los correspondientes recursos de casación ante el Supremo. Para presentar sus escritos ante el alto tribunal dispondrán del plazo de un mes. Si finalmente el Supremo admite a trámite los recursos contra la sentencia absolutoria, habrá que esperar al menos un año, según estimaciones del Ministerio fiscal, para tener una resolución.

Y en función del auto que dicte, se abrirá la vía civil para las partes que no estén conformes y poder así reclamar las indemnizaciones correspondientes. En lo civil, según apuntó el presidente del Tribunal Superior de Xustiza, Miguel Ángel Cadenas, "las reclamaciones son muy complejas".

Los contratiempos se sucedieron desde que su capitán lanzó el primer mayday el 13 de noviembre de 2002. Una avería que tiñó de negro más de 3.000 kilómetros de costa, sentó en el banquillo a tan solo tres imputados y se saldó con una sentencia sin culpables. No fueron imputados todos los implicados en la marea negra, tanto políticos como del entramado empresarial del viejo monocasco, un juzgado pequeño como el de Corcubión tuvo que lidiar con el sumario más prolijo de la historia gallega, los cambios de juez durante los nueve años que se prolongó la investigación fueron continuos, la causa tuvo múltiples ramificaciones internacionales, hubo anomalías en los peritajes y desacuerdo de la mayoría de las partes personadas. Son algunas de las causas que atascaron desde el principio la investigación de la mayor catástrofe en Europa y que hacían presagiar un juicio descafeinado.

Nueve años tardó el juzgado de Instrucción de Corcubión en cerrar la fase inicial del caso. Los continuos cambios de juez, sumados a la complejidad de una causa con implicaciones internacionales, con comisiones rogatorias y acciones en una docena de países, entre ellos Filipinas Rusia o China, muchos intereses en juego y más de 5.000 partes personadas en un primer momento y las anomalías en los peritajes retrasaron el procedimiento. Los problemas derivados de la elección de un juzgado pequeño y escaso de personal para instruir la investigación no tardaron en salir a la luz.

Después llegó el juicio, que comenzó en octubre de 2012. Tras casi ocho meses de sesiones y declaraciones de 200 peritos y testigos, la mayor causa jamás instruida en España por un delito medioambiental se resolvió ve con una única condena: la del capitán por un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas. Ahora se abre un nuevo proceso en el Supremo, donde las partes tratarán de dar la vuelta a la sentencia y tratar de que se diriman responsabilidades penales y, en consecuencia, se imponga la correspondiente indemnización por los daños de la marea negra

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