La Xunta y las empresas concesionarias de las autovías de O Salnés y O Barbanza ultiman la negociación de la inyección de dinero que la primera realizará en ambas para garantizar su equilibrio financiero y evitar así su quiebra, situación que obligaría a la administración autonómica a rescatar las infraestructuras, de similar manera a lo sucedido con varias autopistas de Madrid, y asumir una operación de alto coste. El pacto se cerrará antes de que concluya este mes.
La Consellería de Medio Ambiente ya tiene sobre la mesa los informes de las dos empresas concesionarias en los que fijan sus necesidades económicas para salir de los números rojos, provocados por el desplome del tráfico. Parte de los fondos públicos que reciben -tras haber adelantado la mayoría de la financiación de la obra- están condicionados precisamente a la cifra de vehículos que usan esas vías -el llamado canon de demanda-. Su caída ha mermado sus balances económicos, generando "desajustes" que amenazan con provocar su quiebra. En las cuentas para este año, la Xunta presupuestaba un gasto máximo de 10,1 millones de euros para O Barbanza y 4,6 para O Salnés.
El pasado mes de marzo, técnicos de la Axencia Galega de Infraestructuras detectaron los problemas financieros de esas dos autovías -libres de peaje- tras analizar también las de Ourense-Celanova y Santiago-Brión. Y ahora ya tiene sobre la mesa la petición de fondos de cada una de las dos uniones temporales de empresas, como reconoce la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende el citado organismo, en una respuesta parlamentaria fechada el pasado día 2. Las concesionarias de la vía de O Salnés son Copasa, Puentes y Calzadas y NCG -antes Caixanova-, mientras que la UTE que gestiona O Barbanza la forman Sacyr y NCG -antes Caixa Galicia-.
Aunque el departamento de Agustín Hernández elude revelar a cuánto asciende esa demanda empresarial, matiza que "lo más probable" es que la inyección de dinero se sitúe por debajo de esas reclamaciones. Este mes prevén cerrar su propio cálculo de cuánto será necesario para garantizar el equilibrio financiero de las firmas e iniciar los trámites para abonar esa aportación. "No daremos ni un euro más del necesario", sostienen fuentes de la consellería. Pretende la Xunta garantizar el pago de obligaciones financieras, nóminas y mantenimiento de las vías, pero "no los beneficios".
El objetivo de esta medida radica en evitar un rescate similar al que ha tenido que acometer el Gobierno central con varias autopistas de Madrid, cuyas concesionarias han quebrado y han provocado un agujero de 3.800 millones de euros. Estas han rechazado la oferta de la administración de aplicar una quita del 70% a sus deudas. De incurrir en una crisis similar, el coste para la Xunta sería mucho mayor que los fondos extra que les aportará a las concesionarias. Un rescate podría superar incluso los 100 millones, según fuentes de Medio Ambiente.
