La Audiencia refrenda que los 7 ediles del PP de Santiago sean juzgados por prevaricación

Siete concejales de Santiago se sentarán definitivamente el próximo día 19 en el banquillo de los acusados por prevaricación por haber aprobado en junta de gobierno que el Concello pagara con fondos públicos la defensa de otro compañero de corporación, Adrián Varela, tras resultar éste imputado en la operación Pokemon por delitos de corrupción. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso que habían presentado los siete ediles, que en sus alegaciones argumentaron que su acuerdo era legal y que estaba ajustado al ordenamiento jurídico y avalado por informes técnicos.

Pero la sección sexta de la Audiencia no lo entiende así y considera "correcto y ajustado a derecho" el proceso seguido por la juez Ana López-Suevos -que imputó a los siete concejales y dictó la apertura de juicio oral- y que la "existencia de la probabilidad de comisión de un hecho constitutivo de delito es suficiente" para continuar con el procedimiento. Sostiene el auto también que "hay ciertos aspectos fácticos con relevancia penal para la cualificación como delito de prevaricación que no ofrecen duda y no son objeto de discusión".

Esta era la última oportunidad para los ediles compostelanos de eludir el juicio en el que el fiscal solicitará nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. El auto deja en una muy comprometida situación al PP de Santiago, con diez de sus trece concejales imputados por diversos casos y el alcalde, Ángel Currás, lo está además por partida doble. Los siete ediles que irán a juicio el día 19 de este mes son María Pardo, María Castelao, Cecilia Sierra, Amelia González, Luis Bello, Juan de la Fuente y Francisco Noya.

El origen del caso parte de la junta de gobierno del 30 de mayo de 2013 -en la que no estaba el regidor- cuando se aprueba que el Concello corra con los gastos de defensa del edil Adrián Varela, imputado a su vez en la operación Pokemon. El acuerdo contó con el informe favorable del secretario municipal pero con la advertencia de que para asumir esos costes se debían cumplir determinadas condiciones que la juez López-Suevos entiende que se vulneraron.

La Audiencia Provincial concluye, en este sentido y como dato fundamental, que del acuerdo aprobado "resulta la probabilidad de que el gasto se haya asumido de forma incondicionada, y por tanto injusta, sin sujeción a las exigencias que derivan de la ley y la jurisprudencia, exigencias conocidas por los concejales por constar expresamente en el informe del que se dio cuenta inmediatamente antes de la adopción del acuerdo".

Junto a esto, la Audiencia también destaca como supuestos hechos irregulares otros indicios invocados por el fiscal, como la urgencia en la adopción del acuerdo o la peculiaridad de que hubiera que contratar a un abogado en concreto.

Incumplimientos

Ya en su auto, la juez López-Suevos había relatado los incumplimientos realizados por la junta de gobierno, como que el acuerdo se adoptara "a sabiendas de que la imputación que pesaba sobre Adrián Varela era derivada de un proceso penal por presunta corrupción y declarado secreto", por lo que ya había indicios de que sus acciones se habían cometido "por abuso o exceso de funciones", que eran los intereses generales los que deben defender precisamente los concejales de la junta de gobierno, que el acuerdo para pagar la defensa de Adrián Varela no estaba condicionado a su absolución, que el abogado lo eligió directamente con nombres y apellidos el edil de Deportes y que no había partida presupuestaria concreta ni tampoco límite de gasto alguno.

Estos argumentos son refrendados por al Audiencia Provincial, que desestima por ello el recurso de los siete concejales que habían basado su defensa en que ningún funcionario se opuso al acuerdo y que no hubo voluntad de prevaricar.