Las esperanzas del sector y también de la Xunta de al menos mitigar las duras consecuencias que se avecinan con lo conocido hasta ahora del real decreto de retribución a las energías renovables y la orden que lo desarrolla se apagan con las palabras de quien tiene la última. El ministro de Industria fue ayer muy contundente. Las dos normativas "verán la luz en pocas semanas" sin que vayan a incluir cambios que no sean los conocidos y que, precisamente, poco tienen que ver con las demandas que promotores y la administración gallega pidieron para evitar el tajazo a la rentabilidad, incluida la de Sogama, con una importante actividad de cogeneración y que figura en la lista de alegadores a la orden.

El Gobierno está ahora mismo en fase de recepción y análisis de los informes emitidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Estado. José Manuel Soria cerró la puerta a "excepciones" para algunas tecnologías. El conjunto de las tecnologías incluidas en el régimen especial -como la cogeneración, biomasa o renovables- han sufrido "disminuciones importantes" en su retribución y si en cualquiera de esas tecnologías se "hacen excepciones, habría que ver a qué otras tecnologías habría que aplicar una disminución".

El ministro -que destacó que este Gobierno es el primero que "regula el autoconsumo" frente a las fuertes críticas por implantar ahora peajes en los que cuentan con instalaciones para rebajar su factura particular- también apuntó durante un encuentro informativo organizado por El Economista y EY que el problema en el sector de la energía es que los precios durante 10 años han aumentado un 70%. "Es un problema que afecta a todos como consumidores, a la industria y en general, tenemos un problema de precio, por lo que uno de los objetivos esenciales tiene que ser adoptar medidas para que esos precios bajen y se estabilicen", añadió.

La intención del Gobierno, según Soria, "no es arruinar a nadie, sino todo lo contrario", y que lo que se busca es que haya más inversión más riqueza y más empresas. Cada vez que se reducen los costes del sistema se reducen los ingresos de los operadores del sistema que realizan actividades reguladas y que "es normal" que haya una contradicción entre el interés general y el interés legítimo, "privado pero legítimo, de los operadores".

Sin cambios en profundidad, la mayor parte de los parques eólicos gallegos, por encima del 60%, perderán todo derecho a prima. Lo que, según lleva denunciando meses la patronal eólica gallega, supondrá la entrada en pérdidas de instalaciones y el impago de los créditos concedidos para su construcción. Una crítica a la que se suman el centenar de empresas y organismos con plantas de cogeneración en la comunidad y, en general, todas las empresas, porque la tijera afecta también a biomasa e hidráulica, dos referencias del sector.