Al principio, cuando se comenzó a aplicar la normativa, apenas se le hizo caso. Se trata del certificado energético obligatorio con el que hay que acompañar cualquier operación de venta o alquiler de un piso. Parecía una norma más de la Unión Europea que pasaría más o menos inadvertida, pero con el transcurso de los meses, la amenaza de sanciones de hasta 6.000 euros y las advertencias sobre su incumplimiento dieron como resultado que se disparara la obtención de este documento. Diez meses después de su entrada en vigor, la Consellería de Economía e Industria calcula que ya se han registrado unas 20.000 certificaciones.

Un número bastante elevado, dado que el mercado inmobiliario aún sigue muy lastrado por la crisis, lo que muestra la preocupación de los propietarios por obtener el certificado y, de paso, evitar las posibles sanciones en caso de venta o alquiler. Que el número es alto queda en evidencia si se compara con las operaciones de compraventa realizadas el pasado año. Es casi el doble. En total, según los registros del Ministerio de Fomento, fueron casi 12.000, un 14% menos que en 2012. En cuanto a los alquileres, es más difícil saber cuántos se han producido y no hay datos actualizados, si bien muestran una tendencia al alza dado las dificultades para acceder a una hipoteca por la crisis.

El certificado de eficiencia energética otorga a cada inmueble una calificación en función del consumo que necesitan los hogares en el día a día. Se mide el consumo de electricidad, gas, la calidad del aire interior, las condiciones de control térmico y lumínico y también el gasto en calefacción. Cuanto mejor sea el aislamiento y menor el consumo energético, mayor calificación se obtiene en una relación que va de la letra A a la G, a semejanza de las etiquetas que llevan los electrodomésticos para promocionar los de bajo consumo.

Con ello, el nuevo inquilino se puede hacer una idea mucho más precisa del gasto en energía que deberá afrontar cuando resida en ese inmueble.

Este documento es obligatorio para todos los inmuebles nuevos, pero también para los antiguos, ya sea para uso residencial o comercial. El responsable de gestionar la certificación es el propietario.

El coste de este informe oscila entre los 50 y los 200 euros y se debe renovar al menos cada diez años. Pero no es suficiente para estar al día con la normativa, ya que los titulares de los pisos deben inscribirlos en un registro del Inega, perteneciente a la Consellería de Economía, con un coste base de cinco euros, más una pequeña tasa en función de la superficie del inmueble.

Para quien incumpla estos requisitos hay una tabla de sanciones que van desde los 300 a los 6.000 euros. Falsear la información, emplear técnicos no cualificados para realizar el estudio o publicitar una venta o un alquiler sin este certificado serán consideradas infracciones muy graves, con multas que van desde los 1.001 euros hasta los 6.000. Si el informe no se entrega al inquilino o no se incluye en el registro oficial, la sanción oscila entre 601 y 1.000 euros. Y serán infracciones leves los informes que no se renueven o no cuenten con datos mínimos.